Las compañías fueron destinatarias de 452.000 euros de la Junta de Andalucía para poner fin a una huelga de limpieza en Granada
26 feb 2014 . Actualizado a las 21:43 h.La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado como responsables civiles a las empresas CESPA y FCC-Medio Ambiente porque al menos 18 trabajadores no cobraron las subidas por las que sus compañías fueron destinatarias de 452.000 euros de la Junta para poner fin a una huelga de limpieza en Granada.
La juez Alaya explica que con motivo de la huelga de la limpieza pública de Granada en el año 2004, el ex director general de Trabajo Fancisco Javier Guerrero propuso a las partes que la Junta «asumiría el pago lineal a los trabajadores durante los años de duración del convenio». Por ello, se acordó una póliza cuyos beneficiarios eran CESPA y FCC, con una renta total a percibir de 452.000 euros cada una. Ahora, Alaya ha incorporado a la causa de los ERE unas diligencias del juzgado de instrucción número 7 de Granada en la que varios trabajadores denuncian que no todos ellos recibieron las subidas salariales pactadas con las empresas.
Explica el auto que, si bien es cierto que dichas empresas no fueron firmantes de las pólizas, «estas serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas», entre otros aspectos porque «no había efectuado solicitud alguna para ser beneficiarios de dichas ayudas». Por ello, les declara responsables civiles como «beneficiarios últimos de cantidades procedentes de los fondos públicos andaluces con total ausencia de procedimiento». Por las mismas razones, imputa a Álvaro Mollinedo, responsable de Relaciones Laborales de la delegación de Andalucía de FCC, y a José Antonio Pérez Santos, responsable de Relaciones Laborales en la zona de Andalucía de CESPA.
Los trabajadores que han cobrado parte de los importes o no han cobrado nada son siete del servicio de limpieza de Atarfe, tres de Churriana de la Vega, tres de la recogida selectiva de la provincia de Granada, cinco de Santa Fe y «la totalidad del personal de la oficina de Alminares del Genil (Granada)», sede de la sociedad, que «se muestran reacios a facilitar sus datos por temor a represalias», según la denuncia de los empleados.