La Generalitat agotará todas las vías políticas y el Gobierno cerrará todas las puertas apoyándose en el Constitucional. Artur Mas lamenta la oportunidad perdida, pero considera que no es un «punto y final»
09 abr 2014 . Actualizado a las 13:58 h.¿Y ahora qué? Ni el Gobierno ni los nacionalistas catalanes creen que el portazo de ayer a una consulta legal sobre la independencia cierre el debate sobre el soberanismo. Rajoy y Artur Mas tenían descontado el no del Congreso y trabajan desde hace tiempo en el paisaje que se presenta a partir de ahora. Y, a pesar de lo escuchado ayer, ese futuro no pasa por una reforma de la Constitución.
La batalla llegará hasta muy cerca del 9 de noviembre, día fijado para el referendo, pero casi todas las hipótesis conducen a una disolución del Parlamento catalán y a la convocatoria de unas nuevas elecciones que los nacionalistas presentarán en términos plebiscitarios. Desde el Gobierno se da por seguro que a Artur Mas no le queda otra opción que convocar unos comicios de los que, según sus cálculos, saldrá personalmente malparado.
Ley de consultas recurrida
Por parte de la Generalitat, el nuevo escenario pasa por agotar primero todas las vías políticas a través de la ley de consultas de Cataluña, aún a sabiendas de que se trata también de un camino sin salida. La estrategia de Mas es ir agotando una a una las posibles alternativas para celebrar el referendo, sin anunciar sus sucesivas medidas, en un clímax ascendente. Y la estrategia del Gobierno es ir ahogando una a una esas alternativas, sin adelantar nunca, hasta el momento de darlas, las respuestas previstas, sean jurídicas o políticas.
La Generalitat propondrá el referendo a través del la Ley 4/2010 de Cataluña, que le faculta para hacer consultas por vía de referendo. Esa ley, sin embargo, está recurrida por el Gobierno ante el Constitucional, que tiene pendiente de emitir una sentencia, por lo que difícilmente sería aplicable. Los partidarios del referendo se han adelantado ya a un posible fallo en contra y preparan una nueva ley de consultas no referendatarias en la que se obvia el requisito de la autorización previa del Estado para convocarlas.
Reforma imposible
Esa nueva ley de consultas se aprobará en breve. Y, en cuanto salga adelante, el Gobierno la recurrirá igualmente al Constitucional, lo que llevará a su suspensión cautelar a la espera de la sentencia, y, por tanto, a la imposibilidad de ampararse en ella para convocar un referendo. Lo que la Generalitat no se plantea, a pesar de lo que dijo ayer Duran i Lleida, es conseguir su objetivo de llegar a celebrar el referendo a través de la reforma de la Constitución. Mas no se lo plantea porque sabe que no tiene votos suficientes para sacarla adelante y porque entrar en esa vía alargaría eternamente el proceso.
El movimiento final, cuando se cierren todas las puertas, será por tanto la disolución del Parlamento catalán. El Gobierno no contempla que Artur Mas intente celebrar la consulta en contra del fallo del Constitucional, aunque, en caso de que llegara a ese extremo, la respuesta sería acusar al presidente catalán de prevaricación y desobediencia, lo que acarrearía su inhabilitación.
Declaración unilateral
La otra posibilidad es la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán. Sería este un escenario de extrema gravedad, pero la respuesta del Gobierno sería también el recurso al Constitucional para dejar sin validez jurídica y política esa declaración.
El nuevo escenario obliga al PSOE a tratar de marcar distancias con un Gobierno junto al que se retrató ayer en el marcador de votaciones del Congreso. Rubalcaba dejó claro ayer que su estrategia, y más con unas elecciones europeas de por medio, será situarse en una posición intermedia entre nacionalistas y Gobierno, presentándose como el único que ofrece una alternativa viable.