El juez Pedraz trata de localizar el dinero que presuntamente pudo blanquerar el hijo de Jordi Pujol junto a su socio a través de siete operaciones inmobiliarias
24 oct 2014 . Actualizado a las 02:38 h.Oleguer Pujol ha quedado en libertad imputado por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, tras negarse a declarar en la comisaría de La Verneda de Barcelona adonde la Policía Nacional lo ha trasladado después de registrar durante siete horas su domicilio.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido trasladado a la comisaría en calidad de detenido, una vez finalizado el registro, pero ha quedado en libertad con cargos después de negarse a prestar declaración, asistido por su abogado
La Policía ha detenido durante el transcurso de los registros, efectuados en inmuebles de Madrid, Barcelona, Melilla y Valencia, tanto a Oleguer Pujol como a su socio, Luis Iglesias, que han quedado posteriormente en libertad en calidad de imputados, ha informado la Fiscalía Anticorrupción. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado los registros en viviendas y oficinas relacionadas con Oleguer Pujol para localizar el dinero que presuntamente pudo blanquear junto a su socio Luis Iglesias a través de siete operaciones inmobiliarias.
Los 60 agentes de la UDEF que han participado en los registros se han incautado de numerosa documentación, pero no han hallado dinero en metálico, una posibilidad que barajaron los investigadores. La Policía tuvo en el registro el apoyo de la Unidad Canina que cuenta con perros especializados en hallar billetes. Las fuentes consultadas aseguran que es un recurso habitual en este tipo de intervenciones de carácter económico.
La documentación a partir de ahora tendrá que ser analizada y posteriormente se realizará un informe que se pondrá a disposición de la Audiencia Nacional, concretamente del juez central de Instrucción Número Uno, Santiago Pedraz, que dirige las investigaciones. Pedraz pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. También se encuentran entre las transacciones investigadas las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
Ampliaciones de capital
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional investiga a ambos por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Indaga si, mediante suscripciones y aportaciones de capital y préstamos llevados a cabo entre sociedades residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior, han concretado las mismas fuentes. La investigación ha detectado que las sociedades inversoras, propiedad de empresas no residentes en nuestro país, realizaron ampliaciones de capital y otros aportes de dinero sin que existan indicios de que contaran con la financiación suficiente para ello. También se han localizado hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.
Pedraz ha acordado varios registros en las sedes de las empresas radicadas en España, situadas en cuatro provincias, ha requerido la incautación de documentación y ordenado el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas.
El juez admitió parcialmente a trámite el pasado 1 de octubre una querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona y, a petición de Anticorrupción, limitó su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumentó entonces que Oleguer Pujol obtuvo «una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» procedente de las Islas Vírgenes, «territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE», para la adquisición de un establecimiento hotelero en Canarias.