Aguirre y Monago contradicen a Cospedal y dicen que sí se puede hacer más
05 nov 2014 . Actualizado a las 10:40 h.La respuesta oficial ante los casos de corrupción que afectan al PP está abriendo una grieta entre la cúpula nacional del partido y los dirigentes autonómicos, que contemplan con preocupación las consecuencias electorales que puede provocar en sus respectivos territorios la imagen de falta de respuesta ante la escalada de escándalos y de condescendencia con los dirigentes populares afectados. La afirmación de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el PP «ha hecho todo lo que podía hacer» contra la corrupción y de que el partido no puede «meter a la gente en la cárcel» hizo saltar ayer todas las alarmas en unas organizaciones regionales que se enfrentan en apenas seis meses a unos comicios municipales y autonómicos y que comprueban cada día en los sondeos la fuga de intención de votos hacia otras formaciones.
Ley antisoborno de Monago
Son varios los barones del PP, incluso muy cercanos a Rajoy, que consideran insuficiente la respuesta que se está dando a los últimos casos. Pero en público, una vez más fueron el presidente extremeño, José Antonio Monago, y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, los únicos que contestaron a la secretaria general dejando claro que el PP sí puede hacer más contra la corrupción y aportando además sus propias propuestas.
Menos de 24 horas después de que De Cospedal asegurara que el partido ha hecho ya todo lo que tenía que hacer, el PP extremeño, liderado por Monago, dejó patente que no está de acuerdo y anunció que va a presentar en el Parlamento regional una propuesta en la que se insta al Gobierno a aprobar una ley antisoborno con nueve puntos para combatir la corrupción.
Entre esas medidas se encuentra la de elevar hasta 10 años las penas de cárcel por delitos de corrupción, que ahora están castigados con entre tres y seis años.. Según la vicepresidenta del Gobierno extremeño, Cristina Teniente, eso supondría ir «un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho». Otra de las propuestas del PP de Extremadura es la tipificación como delito de la financiación ilegal de partidos políticos y también de la patronal, los sindicatos, asociaciones y fundaciones, y que se castigue este delito con penas de hasta 10 años y también que se amplíe a 10 años el plazo de prescripción frente a los cinco actuales.
Pero las medidas planteadas van más allá y afectan también al régimen interno de las fuerzas políticas y organizaciones sociales, al proponer la expulsión inmediata de los acusados de soborno en los partidos, asociaciones empresariales y sindicatos. En lo que afecta a la Administración, se propone la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito cuando el soborno sea declarado por sentencia firme.
Sensación de «impunidad»
Pero también la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, enmendó la plana a De Cospedal. La expresidenta madrileña, que ya había presentado su paquete de propuestas anticorrupción, añadió precisamente ayer otra medida. «La devolución de lo robado». Aguirre dijo comprender que haya sensación «de impunidad» entre la ciudadanía. «Cómo no va a haber esa sensación cuando tiene ante sí casos de corrupción política, si los que robaron en Gürtel siguen libres», mientras en Estados Unidos «Madoff en un año fue juzgado, encarcelado y a la mujer no le dejan gastar más de 300 dólares».
Aguirre, que está a la espera de conocer si podrá aspirar o no ser candidata del PP a la alcaldía de Madrid, eludió sin embargo cualquier imagen de disensión con Rajoy. A pesar de que hace solo unos días puso en duda que el líder del PP sea el cabeza de cartel en las generales, ayer contestó con un rotundo «sí» a la pregunta de si Rajoy debe ser el candidato en esos comicios.