El fiscal busca inhabilitar a Mas con una querella por desobedecer y prevaricar
ESPAÑA
También irá dirigida a su vicepresidenta y dos consejeros de su Gobierno
12 nov 2014 . Actualizado a las 10:39 h.Después de que en vísperas del 9-N abriera una investigación, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que hay indicios sólidos de que los máximos responsables políticos de la consulta, con Artur Mas a la cabeza, cometieron delitos de desobediencia y prevaricación. La Fiscalía Superior de Cataluña ultimaba ayer una querella que presentará probablemente hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada la condición de aforados de los denunciados, contra el presidente de la Generalitat y su vicepresidenta, Joana Ortega, por la organización del llamado proceso de participación ciudadana, el sucedáneo de consulta que Mas se sacó de la manga para burlar la suspensión dictaminada por el Tribunal Constitucional.
Posible malversación
La Fiscalía estima que Mas y Ortega podrían haber incurrido al menos en dos delitos, desobediencia y prevaricación -castigado el primero con hasta dos años de inhabilitación y el segundo, de siete a diez años de inhabilitación-, aunque no se descarta que la querella incluya también el de malversación. El borrador de la misma ha sido elaborado por la Fiscalía General del Estado, que se la remitió a la fiscalía catalana para su debate y examen. La querella también irá dirigida, según fuentes jurídicas, contra la consejera de Enseñanza, Ire Rigau, por la apertura de las escuelas e institutos de titularidad pública donde se instalaron las urnas, que dependen de su departamento. También podría afectar al titular de Interior, Ramón Espadaler. Quedan, sin embargo, excluidos los directores de escuela y otros funcionarios que participaron, como voluntarios, en el proceso.
La Fiscalía abrió diligencias el sábado para investigar la responsabilidad de Gobierno catalán en la cesión de los locales públicos para la celebración de la consulta. El propio Mas aseguró el 9-N que si la Fiscalía buscaba un responsable ese era él.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, había afirmado ayer que la Fiscalía presentaría «esta misma mañana» -de ayer- la querella. Pero el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, rechazaba las acusaciones de inacción que se han vertido en su contra, afirmaba que el ministerio público se pronunciaría «sin ninguna precipitación» y añadía que «los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos». Además, señaló que no se actúa «ni antes ni después», sino cuando se considera que los hechos ya son «carne de proceso penal o carne de archivo».
Mas reaccionó ante la inminente interposición de la querella diciendo que «esto no lo resolveremos a través de tribunales, eso no nos intimidará, si es lo que se busca, seguiremos adelante».
Mariano Rajoy optó el domingo por no poner en marcha toda la maquinaria legal para impedir que se celebrará la votación, lo que le ha valido críticas dentro del sector más conservador de su partido y una querella que presentó ayer Vox.
El líder socialista, Pedro Sánchez, señaló al Gobierno que «España no se defiende a base de querellas», sino «con principios firmes y la mano tendida para abordar los cambios que necesita nuestro Estado autonómico».