Los fiscales de Barcelona pedirán que se reabran todas las denuncias archivadas por juzgados de instrucción de la provincia sobre 9-N, al hallar indicios de delito
20 nov 2014 . Actualizado a las 18:10 h.El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que es «una exageración y una absoluta falta de veracidad» decir que hay «fiscales rebeldes o amotinados» porque lo que la querella sobre el proceso participativo del 9-N ha demostrado es que la Fiscalía «no actúa a golpe de orden» sino a través de un debate jurídico. Al ser preguntado en el Senado sobre las discrepancias con la Fiscalía Superior de Cataluña por las responsabilidades penales derivadas de la consulta del 9-N, Torres-Dulce ha afirmado que han mostrado una disparidad de criterio respecto a la Fiscalía General y la Junta de Fiscales de Sala «ha decidido que era procedente la orden» que le dio al fiscal superior, José María Romero de Tejada. «En todo este proceso, lo único que me ha preocupado es que se cumplan los principios que ordenan la actividad del Ministerio Fiscal escrupulosamente, oír primero siempre a los fiscales, sujetarse a la legalidad, comportarse con imparcialidad y que funcionen los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica», ha reconocido.
Dicho esto, Torres-Dulce ha confesado que le preocupaba también que hubiera «decisiones contradictorias» en el seno de las Fiscalías y este aspecto se ha solventado con el informe de la Junta de Fiscales de Sala reunida este miércoles.
Recuerda el principio de dependencia jerárquica
A su juicio, la institución del Ministerio Público ha funcionado con «absoluta normalidad» de acuerdo a sus Estatutos de funcionamiento y su actuación «refuerza la idea de que no funciona a golpe de orden, sino de debate previo, jurídico». «Y al final el principio de dependencia jerárquica, los fiscales jefes y el fiscal general del Estado toman las decisiones ajustadas al Estado de Derecho», ha remachado.
Al ser preguntado sobre las manifestaciones de la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, dando por hecha la presentación de la querella y de dirigentes nacionalistas criticando esta acción, Torres-Dulce ha dicho respetar «extraordinariamente» las opiniones y críticas de los políticos y ha evitado valorarlas.
Además, ha remarcado que la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros responsables del Govern todavía no se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha evitado hacer comentarios sobre su extensión o contenido «hasta que no se haga efectiva» ante los jueces, que deberán decidir sobre ella.
Los fiscales de Barcelona piden reabrir las denuncias archivadas
Los fiscales de Barcelona pedirán, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se reabran todas las denuncias archivadas por juzgados de instrucción de la provincia sobre el proceso participativo de 9N, al hallar indicios de delito, han informado fuentes jurídicas. Los representantes de la Fiscalía Provincial de Barcelona aprecian la existencia de indicios de delito en relación con la celebración del 9-N, por lo que pedirán que se reabran las denuncias archivadas en la demarcación de Barcelona, donde partidos políticos, plataformas y particulares presentaron una treintena de escritos en los juzgados territoriales en contra de la consulta.
Según las mismas fuentes, la intención de la fiscalía de Barcelona es que cuando se abran diligencias por estas denuncias -porque así lo acepte el propio juez o porque lo ordene la Audiencia de Barcelona-, y también en los casos en los que los juzgados territoriales se inhibieron, las causas se acaben elevando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, ha remarcado que la actuación de los fiscales provinciales de Barcelona se ha limitado, en relación a las denuncias por el 9-N, en interesar su admisión a trámite, aunque fuentes judiciales han ido más allá y han asegurado que también pedirán que se reabran las que se han archivado, como en los juzgados de Mollet del Valles e Igualada. Magaldi ha recordado, además, que los fiscales provinciales rechazaron el 9N que se adoptaran las medidas cautelares solicitadas en las denuncias contra la consulta, como por ejemplo la retirada de las urnas.
Según Magaldi, la actuación de los fiscales provinciales de Barcelona en relación con el 9N se basa en un informe que, «conforme al principio de unidad de actuación», recibió la «aprobación expresa» de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Fiscalía General del Estado.
La fiscal jefe de Barcelona, visiblemente indignada, ha confirmado el «malestar» reinante entre los fiscales de la provincia por el hecho de que en la prensa se haya utilizado el término «fiscales catalanes», para referirse a los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña, que se han posicionado unánimemente contra la querella al gobierno catalán por el 9N, como si representaran a todo el colectivo.
Ortega rechaza que practicara desobediencia
La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha manifestado «máximo respeto» por el poder judicial pero ha rechazado que ella practicara la desobediencia al organizar el «proceso participativo» del 9 de noviembre, y ha remarcado que el ejecutivo catalán quiere realizar otra consulta más definitiva. En declaraciones a los periodistas, Ortega ha manifestado «el máximo respeto» al poder judicial y ha juzgado que la Fiscalía de Cataluña -que se ha mostrado contraria a la querella- ha actuado con «absoluta imparcialidad y sentido de la proporcionalidad», por lo que ha considerado «fuera de lugar» que el PP afirme que los fiscales de Cataluña están «contaminados».