La decisión aumenta la división en el seno del ministerio público catalán
21 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El equipo técnico con el que trabaja el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para preparar la querella por la celebración de la seudoconsulta del 9 de noviembre en Cataluña limaba ayer por la tarde los últimos aspectos del escrito tras el mayoritario respaldo recibido por la cúpula fiscal. Según fuentes del ministerio público, la intención inicial es que la querella se traslade hoy mismo al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, quien a su vez deberá presentarla ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, competente para investigar a los aforados autonómicos que incluirá el texto: el presidente Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau.
El borrador que Torres-Dulce debatió el miércoles con los 24 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, 22 de los cuales apoyaron la formulación de su denuncia, incluía los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones. Tipos penales que incluyen penas de inhabilitación y multa. En un principio el equipo del fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General, Jaime Moreno, que ha estado detrás de la querella, pedirá al tribunal superior que se investiguen estos delitos, pese a que en la reunión de la junta se dieron «diferencias técnicas» sobre este aspecto -se debatieron hasta tres líneas de opinión sobre el número de querellados y los delitos- que el propio Torres-Dulce se comprometió a «pulir».
Así, una vez que el fiscal superior de Cataluña tenga la querella en sus manos no tendrá más remedio que presentarla haciendo buena la obediencia jerárquica que rige en el ministerio público. Ello pese a que su departamento fue el que rechazó, por seis votos a tres, investigar la consulta al considerar que fue un acto político que no desobedeció al Constitucional.
Una treintena
Contra lo que en círculos políticos se quiso ver como un cisma entre los fiscales de Cataluña y el fiscal general, la jefa de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Ana Magaldi, salió ayer a la palestra para leer un acuerdo de su departamento sin admitir preguntas. Para distanciarse de la Fiscalía Superior de Cataluña, anunció que pedirá que se reabran todas las denuncias archivadas por juzgados de instrucción de la provincia sobre el 9-N.
En las horas previas a la consulta, e incluso el mismo día, se presentaron una treintena de demandas que en su mayoría fueron archivadas. Ahora, los fiscales barceloneses, que sí ven indicios de delito, con lo que refuerzan la tesis del fiscal general, reclamarán que las archivas sean reabiertas y las que aún están vivas, porque el juzgado correspondiente no se ha pronunciado, sean admitidas a trámite y si es el caso que se inhiban en favor del Tribunal Superior de Cataluña, competente en este caso.