Los expertos fijan la territorial como la reforma más urgente de la Constitución

Después de 36 años, la Constitución solo se ha modificado en dos ocasiones: en 1992, para cumplir con el Tratado de Maastricht, y en el 2011, para introducir la estabilidad presupuestaria en el artículo 135. Es una excepción entre las grandes constituciones europeas. Los especialistas proponen una amplia lista de reformas, la más urgente la territorial.

La reforma

Necesaria. Para Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, hay que reformarla para «tratar de renovar o rehacer un consenso político básico». Según Eduardo Vírgala, de la Universidad del País Vasco, «es necesaria desde hace años para adaptarla a las nuevas situaciones que va planteando una sociedad dinámica y corregir los defectos que revela el funcionamiento de las instituciones». Lo mismo estima Joaquín Varela, de la Universidad de Oviedo, quien advierte que «de no llevarse a cabo, me temo que estaríamos abocados a corto plazo a un proceso constituyente y, por tanto, a una inevitable quiebra de la legalidad constitucional vigente establecida en 1978, como ha ocurrido varias veces en nuestra historia». Para José Luis Meilán, «la necesidad de su reforma es una demanda artificial de políticos, académicos y creadores de opinión pública», aunque sí ve algunos aspectos modificables.

Los cambios

La sucesión a la Corona, el Senado o el Poder Judicial. «Debiera afectar a muchas de sus partes: principios estructurales, derechos fundamentales, la sucesión de la Corona, la composición y funciones del Senado o su supresión, los mecanismos de democracia directa, las bases del sistema electoral, la composición del Consejo General del Poder Judicial, buena parte del título VIII relativo tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos y diputaciones...», enumera Varela. Arbós señala otros aspectos, además de la revisión del modelo territorial: «Asegurar para el fiscal general la misma independencia de que dispone el Defensor del Pueblo, prohibir la pertenencia de los magistrados del Constitucional a partidos y eliminar designaciones del Gobierno o de las Cámaras de los miembros del CGPJ». «Las partes más necesitadas de reforma son el cierre del Estado autonómico, el reconocimiento de nuestra pertenencia a la UE, una mayor garantía para los derechos sociales y la potenciación de la participación de los ciudadanos», asegura Vírgala.

El modelo autonómico

Lo más urgente. Roberto L. Blanco Valdés, de la Universidad de Santiago, afirma que «muchos aspectos de la Constitución han quedado obsoletos y se podría hacer una amplísima reforma». Pero advierte de que ninguno de los problemas que tenemos hoy exige una reforma urgente, salvo el territorial, aunque duda mucho de que sirviera para solucionar el caso catalán. Señala que es preciso cerrar el modelo territorial, dejar constancia de que estamos en un Estado federal, establecer un sistema claro de distribución de competencias y suprimir el artículo 150.2, que permite al Estado transferir o delegar competencias, lo que «hace que el sistema esté permanentemente abierto».

«El Estado autonómico ha tenido que ir construyéndose a partir de la práctica política y de la jurisprudencia del Constitucional, dando lugar a un proyecto permanentemente inacabado», explica Vírgala. «En la reforma para el cierre del Estado autonómico sería conveniente el cambio del sistema actual de competencias por uno de lista única con las competencias del Estado central, dejando todas las no listadas a las comunidades», añade.

Santiago Muñoz Machado señala que el título VIII «tiene muchos preceptos insuficientes, oscuros, no contiene la definición de elementos esenciales como qué significa competencia exclusiva o qué ocurre cuando la legislación del Estado y la autonómica colisionan». Meilán afirma que «habría que preguntar qué quiere reformarse: ¿la realidad actual del café para todos o lo que consta en la Constitución?». Y concluye: «Malamente puede afirmarse el agotamiento de un sistema que no llegó a ser real, porque fue sustituido por un golpe de Estado supuestamente constitucional».

Cataluña

Mejor encaje. La reforma no debería hacerse pensando solo en Cataluña, sino en el interés general de los españoles», señala Varela. «Por supuesto, sería fundamental que de esa reforma, y quizá también a la vez del Estatuto catalán, saliese un encaje de Cataluña en el resto de España más satisfactorio en los símbolos, las competencias y la financiación, pero sin que supusiese privilegios como el concierto vasco y navarro», añade. «Si un trato especial pacifica las tensiones, me parecería aceptable y no lo rechazo mientras se mantenga el trato especial del País Vasco y Navarra», afirma Arbós.

«La singularidad catalana es un dato que no puede negarse; se precisa un nuevo soporte constitucional», señala Meilán. «Una posibilidad es la recalificación de la actual disposición transitoria segunda, relativa a Cataluña, País Vasco y Galicia, en adicional, de carácter sustantivo, que permitiese un nuevo Estatuto, una reforma mínima que se sometiese a referendo de todos los ciudadanos», añade. Según Vírgala, «la solución para Cataluña tendría que ser el reconocimiento constitucional del derecho de secesión». «Cataluña tiene sobradamente reconocida su singularidad cultural, lingüística y jurídica», señala Blanco Valdés. «Darle una financiación similar a la vasca y navarra sería inaceptable e inviable porque arruinaría al resto del país».

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