La nueva fiscala general pide más medios para recuperar el dinero robado
09 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La futura fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, pasó ayer el examen del Congreso de los Diputados y lo más probable es que el Gobierno formalice hoy su nombramiento en el Consejo de Ministros, antes de tomar posesión.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Madrigal, de 58 años, aseguró que dentro de su «lista de prioridades» está la de dar «respuestas más ágiles» a los casos de corrupción y «evitar conformidades entre el fiscal y los acusados que no son asumidas por la sociedad». Madrigal no se refirió a ningún asunto concreto, pero llamó mucho la atención que en su intervención de 45 minutos, sin leer papel alguno, hiciese un repaso a los temas más candentes del Ministerio Fiscal, que son muchos, y dejara como broche que su criterio jerárquico será impedir estos acuerdos de conformidad, en los que se evita el juicio porque el acusado reconoce la culpabilidad a cambio de una rebaja de la pena y de la devolución de dinero.
Hasta ahora, los delitos relacionados con la corrupción no han estado excluidos de los pactos entre las partes. Así terminaron procesos como el caso Pallerols, relacionado con la financiación ilegal de Uniò Democrática de Cataluña, o la pieza de los trajes del caso Gürtel en Valencia, en el que el exvicepresidente de esta comunidad, Víctor Campos, o el exconsejero de Turismo, Rafael Betoret, se confesaron culpables de un delito de cohecho impropio y fueron condenados a penas mínimas de multa.
Un pacto de conformidad también se ha venido sugiriendo para el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, aunque no se ha materializado y ahora se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel.
Aunque no hay datos redondos, en España se llega a acuerdos en aproximadamente el 40 % de los procesos penales, una proporción que no se altera en casos de corrupción. El principal problema es que normalmente estos acaban con la reducción de las condenas, de forma que los acusados tampoco entran en prisión. En caso de que no existan antecedentes penales o estos hayan caducado (el máximo son cinco años), las penas menores a dos años quedan en suspenso.
Por todo ello, la próxima fiscala general habló sin matices de «evitar las conformidades» y señaló la necesidad de «incrementar el control de la ejecución de las sentencias condenatorias» para recuperar el dinero. Y esto solo se hace con más medios, como reclaman los fiscales. «El objetivo es trasladar a la sociedad, a una sociedad desmoralizada, la idea de que delinquir no es rentable», dijo Madrigal. «No va a haber zonas de penumbra en las que puedan quedar agazapados los que se lucran a costa del interés común», añadió.