Cuestiones semánticas aparte, según Rafael Catalá se trata de acabar con los sumarios interminables
14 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ayer aprobó el Gobierno pretende agilizar la Justicia y proclama como una de sus prioridades mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa es inocua pero de una eficacia más que dudosa. Llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada. Uno de los primeros en salir a criticarla fue Cayo Lara diciendo que el PP busca «blanquear sus vergüenzas» con el cambio del término «imputado» por el de «investigado».
Cuestiones semánticas aparte, según Rafael Catalá se trata de acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro «más realista» de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.
Son muchos los operadores judiciales que aseguran que un férreo sistema de plazos no solo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro enfatizó que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse «con flexibilidad» y podrá ser prorrogado «de manera indefinida» cuando sea necesario.
Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo.
Los mismos operadores insisten en que lo prioritario para agilizar la Justicia es dotarla de más recursos humanos y materiales; lo demás es pura cosmética.