Interior amenaza a los policías con consecuencias penales si filtran datos a los periodistas

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Difunde una circular interna para controlar la información tras escándalos como el caso Villarejo o el del Pequeño Nicolás

17 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La tormenta desatada por el caso Villarejo; las continuas filtraciones del sumario del pequeño Nicolás; las informaciones sobre las broncas intestinas entre comisarios de áreas tan sensibles como Asuntos Internos; la filtración sobre la existencia de una unidad, la UPEC, dedicada a labores más cercanas a los servicios de inteligencia que a los trabajos policiales... Demasiada información sin supervisión oficial para el Ministerio del Interior, que teme que tanta filtración dañe su buen nombre.

La Dirección General de la Policía ha decidido poner coto a tal derroche informativo. O al menos lo intenta. El máximo responsable de la institución, Ignacio Cosidó, distribuyó ayer una circular interna en la que ordena a todas las unidades del cuerpo controlar al máximo la información que llega a los medios de comunicación. El texto, que sustituye todas las disposiciones anteriores en materia de «relaciones con los medios de comunicación», es tajante: hay que «preservar la imagen de la institución policial» y para ello, entiende Cosidó, toda la información que salga del cuerpo tiene que pasar por los órganos oficiales dependientes de la dirección. Todo lo demás, será perseguible.

La circular, de cuatro páginas, incluye un «recordatorio legal», en palabras de la Policía: facilitar datos a periodistas sin el visto bueno de los responsables de Interior puede llevarles, incluso, a la cárcel. «Apelando a la imagen institucional», Interior avisa que «la filtración de informaciones, la difusión de imágenes así como el incumplimiento de las normas dictadas en la presente circular pueden dar lugar a posibles responsabilidades en el orden penal o disciplinario».

Asuntos sensibles

La Dirección General de la Policía veta desde ahora que las diferentes comisarías puedan informar por libre de los asuntos más sensibles, como datos sobre los servicios centrales del cuerpo, operaciones antiterrorista o inmigración. En cualquier caso, la circular antifiltraciones deja claro a todos los agentes que cualquier «noticia de interés nacional» deberá pasar por los servicios centrales en Madrid. También se prohíbe a los policías con cuentas en las redes sociales la reproducción de cualquier símbolo que pueda hacer pensar que se trata de perfiles oficiales del cuerpo o al hecho de que igualmente se prohíbe difundir imágenes de operaciones en los que aparezcan «prendas o emblemas» de unidades en los uniformes que eclipsen el logotipo del Cuerpo Nacional de Policía.

El exjefe de la Policía Local será juzgado por el Madrid Arena

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó en su integridad el recurso de apelación que presentó el exjefe de la Policía Local de Madrid, Emilio Monteagudo, contra el auto del Juzgado de Instrucción 51 que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado en el caso Madrid Arena, la tragedia en una fiesta en la que fallecieron cinco jóvenes en la madrugada del 1 de noviembre de 2013.

Los magistrados estiman que el auto impugnado por Monteagudo contiene una «cuidada relación de hechos y unos indicios lógicos y coherentes» contra el responsable de la Policía Local aquella noche, por lo que no resulta acorde el sobreseimiento de la causa respecto a Emilio Monteagudo. Esta decisión confirma su imputación y su enjuiciamiento. El juez decidió mandar a juicio al exjefe policial y otros 15 imputados en la causa por cinco supuestos delitos de homicidio imprudente y diez de lesiones.