La Abogacía del Estado vigila el acuerdo, pero de momento no intervendrá
02 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El nuevo paso adelante en el desafío de Artur Mas y Oriol Junqueras con la firma del acuerdo por la independencia ha recibido la misma respuesta por parte del Gobierno y del PP que en ocasiones anteriores. De una parte, la advertencia política del presidente Mariano Rajoy que no hay nada que hablar sobre el asunto, que la secesión no está prevista en la Constitución y que, por lo tanto, el pacto no tiene futuro alguno. El Ejecutivo prefiere utilizar la vía judicial que la política, y para ello deja el asunto en manos de la Abogacía del Estado, que ya advirtió ayer de que sigue «vigilante y atenta», pero que no tiene posibilidad de intervenir mientras el acuerdo no se traduzca en alguna acción concreta.
La reacción política más detallada queda nuevamente en manos del PP de Cataluña, cuya presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, revivió ayer una propuesta que ya había lanzado en ocasiones precedentes: una invitación a los partidos que están contra la independencia -en concreto al PSC-PSOE y a Ciutadans, a los que ayer sumó a Unió, el partido de Josep Antoni Duran Lleida- para llegar a un acuerdo que les permita formar un Gobierno «de concentración y de colaboración» tras las elecciones previstas para el 27 de septiembre, con vistas a frenar el avance de los independentistas.
Los socialistas se han manifestado reiteradamente en contra de responder al frente independentista con otro frente político de signo contrario, porque entienden que esta estrategia solo conduce a elevar la tensión y exacerbar aún más los ánimos en Cataluña. Pese a ello, Sánchez-Camacho insistió ayer, en una entrevista concedida a la agencia Efe, en que «es una responsabilidad histórica que los partidos constitucionalistas dejemos de pensar en nuestras siglas y pensemos en los catalanes, en la unidad y en la convivencia», para evitar que Cataluña esté condenada «a estar siempre bajo un Gobierno independentista».
En esta línea, instó a Duran a retirar del Gobierno catalán a los consejeros de su partido, Unió, y a separarse definitivamente de Artur Mas y de «su locura separatista». Unió, que no se ha sumado al acuerdo independentista, decidirá en el mes de junio, en una votación interna, su postura sobre el proceso soberanista.
Declaración de intenciones
El Gobierno ha consultado a la Abogacía del Estado si es factible emprender acciones jurídicas contra el pacto por la independencia, pero, según los letrados, el acuerdo es solamente una declaración de intenciones, y mientras no se convierta en hechos concretos no es posible hacer nada ante los tribunales. «Pero eso no quiere decir que no siga atenta de forma permanente a las acciones que se puedan producir y a posibles acontecimientos futuros», subrayan fuentes citadas por la agencia Efe.
Por otra parte, la Asociación de Municipios por la Independencia presentó ayer la conocida ya como Declaración municipalista de Cervera, en la que instan a los alcaldes que salgan elegidos de las elecciones del 24 de mayo a establecer alianzas con las formaciones que se comprometan a trabajar por la independencia y a la constitución de un Estado catalán.