El diputado valenciano asegura que el dinero cobrado de una constructora es legal, y aunque primero admitió que era poco ético después lo matizó
24 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las remuneraciones recibidas por Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados han reabierto el debate sobre el régimen de incompatibilidades de los diputados. El actual embajador en Londres cobró 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Tanto los dos políticos como la empresa aseguran que los pagos fueron por su asesoría verbal, por lo que no consta ningún informe escrito. Mientras el PP abogó ayer por suavizar el actual régimen de incompatibilidades, la oposición propuso endurecerlo.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no solo defendió la actividad privada de Pujalte, que dijo cumplió las «duras» condiciones que marca la Cámara, sino que sorprendió al asegurar que «hay que aumentar las compatibilidades de los diputados, establecer un régimen más flexible». Siempre que se respeten las normas, que son «de las más restrictivas del mundo», y no incurran en delitos como el tráfico de influencias o la prevaricación.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, señaló que, aunque prefiere que los diputados se dediquen exclusivamente a su labor como parlamentarios, no ve mal que puedan complementar su sueldo, «de los más bajos de la UE», con una actividad privada, con la condición de que no guarde relación con el sector público y cumplan las normas de incompatibilidades.
Solo CiU respaldó que se mantenga el estatus actual. Pere Macías defendió que las actuales reglas de incompatibilidades son «aceptables y homologables» con los países de nuestro entorno y consideró hipócrita «rasgarse las vestiduras» ante la actividad privada de Pujalte o Trillo, cuando se trata de trabajos autorizados por la Cámara, al igual que realizan otros muchos parlamentarios
En sentido contrario se manifestó la oposición. El PSOE abogó por endurecer las incompatibilidades, tal como ya ha propuesto en varias ocasiones en el Congreso. El secretario de Organización, César Luena, acusó al PP de confundir desde hace «mucho tiempo» los intereses públicos con los privados, mientras que la diputada María González pidió que se implante la dedicación exclusiva, como ya obliga su partido. En la misma línea se manifestó el cabeza de lista de IU en las generales, Alberto Garzón, quien señaló que cada día que pasa se confirma que en el PP no hay «manzanas podridas» sino una estructura «corrupta y corrompida» y insistió en que el Congreso tiene que tener una ley de incompatibilidades «mucho más estricta» para que no se repitan casos como los de Trillo y Pujalte. Rosa Díez (UPyD) admitió que sus actividades son legales aunque «fraudulentas en términos democráticos» y por eso deberían declararse incompatibles con las de diputado.
Pujalte señaló ayer que no cometió ninguna irregularidad, cumplió con todas sus obligaciones fiscales y siempre ha practicado el pluriempleo. Preguntado por la mañana si le parecía ético cobrar 5.000 euros al mes de una empresa privada mientras era diputado respondió: «No. Me parece legal». Por la noche matizó que era «éticamente irreprochable».