La CUP reitera tras la redada por el 3 % de CDC que no hará presidente a Mas
ESPAÑA
El candidato comparece de urgencia en la Cámara para intentar parar la crisis
23 oct 2015 . Actualizado a las 08:51 h.El presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparecerá hoy a petición propia en la Diputación Permanente del Parlamento catalán para defender la limpieza de los procesos de adjudicación de la Generalitat, en concreto de la empresa pública Infraestructuras de Cataluña, cuyo director general fue detenido el miércoles en el marco de la operación Petrum. Mas acudirá de manera urgente a la Cámara autonómica para negar además que Convergència se haya financiado de manera irregular a través del cobro de comisiones ilegales de contratistas.
La detención, entre otros, del tesorero de CDC, Andreu Viloca, ha vuelto a poner en la picota a la formación soberanista, que desde hace diez años se sospecha que alimenta sus finanzas con mordidas del 3 % a las constructoras a cambio de suculentos contratos.
El último escándalo de corrupción ha cogido al independentismo en plenas negociaciones para la formación del primer gobierno secesionista de la historia y no ha hecho si no aumentar los recelos entre unos y otros y complicar las conversaciones. La comparecencia urgente de Mas trata, por tanto, de parar el golpe, adelantarse a la petición de explicaciones e intentar reforzar su liderazgo -al menos en el partido-, cargando contra el Gobierno central y presentándose como una víctima del Estado. El presidente de la Generalitat intenta asimismo que la corrupción no se cuele en el inicio de la próxima legislatura (el lunes se constituye la nueva cámara) y que el arranque del mandato no quede contaminado con continuas peticiones de comparecencia por parte de los grupos de la oposición.
Nuevas elecciones
El intento de reconducir la situación cuanto antes se hace sobre todo mirando a la CUP, que lleva semanas insistiendo por activa y por pasiva en que no investirá como presidente al dirigente convergente y que tras la operación policial se ha reafirmado en sus posiciones. La formación anticapitalista aguanta la presión. Ayer incluso fue un paso más allá, aumentó los reproches a CDC y por primera vez advirtió a Junts pel Sí de que si insiste en que Mas es el único candidato a la presidencia de la Generalitat Cataluña está abocada a nuevas elecciones, según expresó Quim Arrufat en Catalunya Ràdio. Mensaje directo: el fantasma de los comicios no les asusta.
Entre tanto enredo, como en todas las negociaciones, las especulaciones (o las filtraciones interesadas) están a la orden del día y ya empieza a sonar Neus Munté, la actual vicepresidenta de la Generalitat, aunque ella lo niegue, como un futurible plan B si la CUP no cede con Mas. En parte, porque lo que el independentismo no puede permitirse es que la formación anticapitalista se levante de la mesa y salte toda la negociación por los aires.
«Acto de intimidación»
En el debate parlamentario de hoy, Mas, como ya hizo en su anterior comparecencia (en el mes de septiembre, tras el primer registro policial por este mismo caso y tras firmar la convocatoria de las elecciones), negará el cobro de comisiones ilegales, atribuirá la operación a un «montaje» del Estado o una «cacería» contra el proceso, según dijo el miércoles.
Dos de sus más estrechos colaboradores, Francesc Homs y Josep Rull, anticiparon ayer por dónde puede ir su línea de defensa. «La operación policial fue un acto de intimidación absolutamente innecesario», dijo el consejero de la Presidencia y previsible cabeza de cartel de CDC para las generales. «No me consta que haya nada irregular en la financiación. Esto es lo que nos trasladan los responsables de finanzas, y yo les creo», dijo Rull.
El Gobierno avisa de que recurrirá a la policía si el líder nacionalista se declara en rebeldía
El ministro de Justicia indicó ayer que si Artur Mas llevase a cabo su amenaza de ignorar una resolución judicial para evitar la independencia, sería suspendido por los tribunales y el Gobierno podría recabar la intervención de las fuerzas de seguridad para hacer efectiva la pena. Rajoy, por su parte, rechazó la intencionalidad política que Mas atribuyó a la redada contra Convergència por las mordidas del 3 %. «Todos, sea el señor Mas o Mariano Rajoy, estamos sometidos a la ley y a lo que digan los tribunales», advirtió el jefe del Ejecutivo, que reiteró que «los jueces son independientes y libres».
Las críticas a Artur Mas por atribuir la operación policial a una persecución política fueron unánimes entre los partidos. «Hay una trama de corrupción y la Justicia actúa, y punto», al margen de cualquier consideración de oportunidad política, declaró el socialista Patxi López. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, declaró que «la corrupción se está comiendo» a CDC y señaló que ya no se trata del «caso 3 %», sino del «caso Covergéncia», en el que sus dirigentes quieren «tapar la cartera con la bandera». El líder de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó, por su parte, que el 3 % sirve para «identificar a los patriotas de cartera, algunos con el carné del PP y otros con el carné de Convergència». Y ellos son los responsables, añadió, de que «los ciudadanos tengan una sanidad peor, de que haya niños estudiando en barracones».