La Administración catalana considera que el Ministerio de Hacienda está vulnerando dos artículos de la Constitución
02 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Continúa la batalla legal entre el Gobierno central y el catalán. La Generalitat anunció ayer que interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque a su juicio ha impuesto a Cataluña unas condiciones diferenciadas para recibir el fondo de liquidez autonómico (FLA). La Administración catalana considera que el Ministerio de Hacienda está vulnerando dos artículos de la Constitución. Por un lado el 156.1, que ampara el principio de autonomía financiera, y también el 139.1, que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Según la Generalitat, no se puede imponer a los ciudadanos demandantes de servicios públicos unas condiciones más gravosas que a los del resto del Estado. «Esta discriminación de los ciudadanos y de los proveedores de Cataluña por razones políticas es arbitraria e inadmisible», afirmó el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.
«Abuso de poder»
Apuntó que Cataluña ha recibido más de 319 millones correspondientes al FLA de noviembre, lo que ha permitido pagar un mes de facturas farmacéuticas. Eso sí, el consejero afirmó que su departamento enviará esta semana al Ministerio de Hacienda el listado de facturas que aún quedan por pagar del mes de diciembre y que suman 2.715 millones. Lamentó que Hacienda pretenda hacer estos pagos de forma discriminatoria en diez mensualidades. Esto tendría «consecuencias muy graves» y se preguntó si «los ciudadanos de Cataluña son ciudadanos de segunda porque no votan como es debido».
Para el consejero, si los proveedores no cobran antes de fin de año no habrá ninguna duda de dónde reside la morosidad e instó al Gobierno a disipar las dudas sobre la disponibilidad inmediata de liquidez por parte del FLA. «Ustedes quieren recaudar nuestros impuestos, y los perciben. Quieren nuestras facturas y ya las tienen. Ahora les toca la parte de responsabilidad: pagar. ¡Paguen ya!», concluyó, tras criticar que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sonríe «por debajo de la nariz» y permite un «abuso de poder» .