El juez dirige el caso Pujol hacia la clásica investigación de crimen organizado
ESPAÑA
Apunta al clan como una asociación dedicada al lavado de capitales de origen ilícito
02 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal y la Fiscalía Anticorrupción llevaban reclamándolo desde hace año y medio: el caso Pujol, o mejor dicho los casos Pujol tenían que dar un giro de 180 grados porque las investigaciones sobre sus corruptelas se estaban embarrancando por la falta de un enfoque global entre los juzgados de Madrid y Barcelona implicados. Eso es lo que acaba de hacer esta semana el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien tras aceptar la inhibición de la jueza de la capital condal que llevaba el sumario de la presunta herencia del abuelo Florenci, acaba de redirigir la causa para convertirla en una clásica investigación sobre crimen organizado de gran envergadura que, según todas las fuentes, tiene muchas más posibilidades de llegar a buen puerto.
La decisión de De la Mata de abrir la macrocausa contra la familia del expresidente catalán, según Anticorrupción, era «indispensable» para hacer avanzar la causa hacia donde siempre ha apuntado la Policía. O sea, a que toda la fortuna de la saga tiene su origen en el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de contratos de la Generalitat a través de una inmensa madeja de sociedades opacas y testaferros que eran controlados por el primogénito del matrimonio, Jordi Pujol Ferrusola. La Policía y los fiscales se venían quejando desde julio del 2014, cuando el expresidente confesó que su familia había tenido dinero opaco durante décadas en Andorra, que la investigación de la titular del Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, sobre los delitos fiscales del matrimonio Pujol-Ferrusola y cuatro de sus hijos no «tenía sentido por sí sola», ya que ese dinero, según todos los indicios, tenía una procedencia ilícita dado que el clan no había aportado un solo documento que probara que los millones de euros provenían de la herencia del abuelo, como sostienen todos los imputados.
El nexo de las cuentas y el dinero del clan es el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, a quien el predecesor de De la Mata, Pablo Ruz, investigaba desde el 2013. Un nexo, dicen fuentes de la Audiencia Nacional, que permitirá al juez apuntar a la asociación criminal dedicada al lavado de capitales de procedencia ilícita, superando con mucho la «limitada» investigación sobre el fraude fiscal de cada uno de los miembros del clan.
El primogénito
La propia citación como «investigados» (antes imputados) del expresidente y su mujer, Marta Ferrusola, es un «paso de gigante» en el sumario, en el que el delito fiscal ha pasado de ser el «epicentro» a una «cuestión periférica».
El juez De la Mata, en sus más de 200 páginas de autos hechos públicos el pasado miércoles, ya no oculta su intención de investigar a los Pujol-Ferrusola como una red del crimen organizado. En multitud de ocasiones, dibuja una trama familiar que opera como una red corrupta al estilo de tramas como Gürtel o Púnica. «Los vínculos existentes entre los miembros de la familia [más allá de los familiares]; sus pautas comunes de comportamiento; la coordinación de actividades; la asignación de roles; la distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que recibían en las cuentas bancarias ocultas; y el particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos, revelan la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años, que apuntan elementos básicos de una organización», anticipa el instructor.
De la Mata llega a describir una red criminal tan sofisticada como para inventar medios para eludir «el reforzamiento de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales, intensificados sobre el control del manejo de dinero en efectivo». Hasta el punto de que «los miembros de la familia avanzaron en la metodología utilizada para canalizar los ilícitos y comenzaron a utilizar sociedades instrumentales para el cobro de las comisiones ilícitas». Unas mordidas que el juez ya afirma que venían de empresas que ganaban concursos de la Generalitat.