El caso salpica también a la directora del Agua, que conocía los sobrecostes injustificados
26 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La trama corrupta de Acuamed apunta cada vez más alto. El testigo de cargo del caso, Francisco Manuel Valiente González, exdirector de Ingeniería y Construcción del ente público que destapó el escándalo con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, aseguró ante el juez que instruye el sumario, Eloy Velasco, que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, intentó vencer sus reticencias en el 2013 para que diera su visto bueno a un contrato hinchado a FCC asegurando que el amaño eran «órdenes directas» del entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
El contenido de esta declaración judicial, adelantado por el programa Las Mañanas, de Cuatro, y confirmado por fuentes judiciales, se refiere al contrato hinchado, por ahora, más importante de la trama, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería. El chanchullo nació a raíz de la inundación que dejó inservible aquella instalación que habían construido FCC y Abengoa. Según el contrato, ambas empresas, y sus seguros, debían encargarse de la reparación de la desaladora. Pero Arcadio Mateo, en prisión desde la semana pasada, «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», acordó con FCC que la empresa pública pagaría el 40 % de los costes, mientras que el otro 60 % lo pagaría la UTE que, a cambio, «recibiría compensaciones indebidas» de hasta 7,8 millones de euros.
Fuentes de la investigación matizan que, más allá de la denuncia de Valiente, por el momento no hay pruebas de que Arias Cañete interviniera en la operación para entregar a FCC obras valoradas en 9,5 millones de euros, que en realidad no superaban los 1,7 millones de euros.
Sin embargo, en el sumario sí que hay ya pruebas documentales de que otros altos cargos de Agricultura estaban al tanto de los contratos hinchados y no solo el dimitido Federico Ramos de Armas, expresidente de Acuamed cuando tuvieron lugar los hechos investigados y hasta la semana pasada subsecretario de Presidencia y persona de confianza de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Entre esos nuevos nombres está Liana Ardiles López, directora general del Agua desde septiembre del 2012 y todavía en su cargo. En la causa figura un correo electrónico fechado el 20 de junio del 2013, escrito por Ramos de Armas y cuyo destinatario es el encarcelado Arcadio Mateo y en el que figura en copia Ardiles López. En ese documento, el dimitido subsecretario de Presidencia pedía a Mateo que agilizara en el próximo consejo de administración el pago pendiente de 9,5 millones por la desaladora de Almanzora, tal y como «pide la contratista» (FCC). «Así vamos avanzando con esta gente, a la que debemos bastante dinero por otras obras», escribía Ramos de Armas.
Liana Ardiles López era ya por entonces vicepresidenta de Acuamed y vocal de su consejo de administración, el mismo órgano que en abril del 2014 dio carpetazo a las denuncias de Valiente y aprobó su cese poco antes de que el testigo protegido acudiera a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre del 2014. Esta ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, antes de su último nombramiento por Federico Ramos trabajaba en la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático. Antes había sido directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero, de donde saltó en el 2010 tras verse salpicada por la polémica por los sobrecostes de la obra de la presa del embalse de Castrovido, en Burgos, adjudicada a FCC y cuyo presupuesto pasó de los 61 millones de euros iniciales a 157, y con la mitad de capacidad.
El Tribunal de Cuentas ya alertó en el 2014 del pago de 330 millones en incrementos
Aunque la Audiencia Nacional ha fijado en su punto de mira de manera especial el contrato la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, y otros cinco, lo cierto es que el testigo de cargo, Francisco Manuel Valiente González, hablaba en su denuncia de más de una decena de adjudicaciones con sobrecostes injustificados, según los documentos que obran ya en el sumario. Según esos papeles presentados por Francisco Manuel Valiente González, el agujero detectado por él mismo en las arcas del ente por la mala o fraudulenta gestión superaría los 123 millones de euros: 27,4 millones por «inversión con defectos o inoperativa»; 55 millones por «pérdida de fondos europeos»; 17 por «reclamaciones por liquidación»; y otros 24,3 por «reclamaciones por sobrecostes».
Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no obstante, creen que el fraude en Acuamed superaría, con mucho, esas cifras si los cálculos se remontan al 2004, fecha de la que arrancarían, según estas fuentes, los contratos millonarios hinchados. En ese sentido, recuerdan que el Tribunal de Cuentas ya alertó en septiembre del 2014 que Acuamed había abonado 330 millones de sobrecostes en obras realizadas en nueve desaladoras solo entre 2005 y 2012.
Durante la toma de posesión de Liana Ardiles López como directora general del Agua, el entonces ministro Arias Cañete reiteró su intención de impulsar una política de aguas «racional, moderna, eficiente y sostenible», a pesar de la restricción presupuestaria.