Cospedal se remite al expediente informativo que mantiene abierto el partido
22 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Recién cerrado el caso de José Manuel Soria con su renuncia, emerge de nuevo el que afecta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La corrupción no da tregua a Mariano Rajoy en la recta final que conduce directamente a unas nuevas elecciones generales. El presidente del Gobierno en funciones calificó a Soria como un «buen ministro» y dijo que las explicaciones que dio cuando se marchó «le honran». De esta forma pretendía zanjar un asunto que afecta a un ministro nombrado por él.
En el caso de Barberá, su posición hasta ayer mismo fue defenderla con el argumento de que no estaba imputada y que había que esperar a que ver de qué se le acusaba exactamente, si es que se llegaba a esa tesitura. La situación de Barberá ha variado al pedir un juez de Valencia al Tribunal Supremo que la investigue por blanqueo de capitales, aunque aún no esté formalmente imputada. Ese sería su estado si no hubiera sido por su condición de aforada como lo está el resto de su equipo en el Ayuntamiento de Valencia, según coinciden las fuentes jurídicas.
El PP se mantiene a la espera
Pero el PP no va a pedir a Barberá su acta de senadora. Al menos de momento. Tampoco la va a suspender de militancia mientras el Supremo no la impute. En todo caso, la situación de Barberá es difícilmente sostenible para los dirigentes populares. La reacción de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante esta decisión judicial fue remitirse al expediente informativo que abrió el partido «para investigar lo que se puede investigar por un partido cuando hay una investigación judicial abierta». Aseguró también que hay que esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo y comprobar cómo evolucionan los acontecimientos. Pero la número dos del PP evitó respaldarla tras hacerse público el auto del juez. «Vamos a continuar con nuestros expedientes disciplinarios y estaremos atentos a las investigaciones judiciales en curso», aseguró. Aunque, en realidad lo que abrió el PP el pasado 16 de marzo fue un expediente informativo y no disciplinario. A pesar de las presiones internas que ha recibido para que diera un paso atrás, Barberá se ha resistido a abandonar el Senado y esa es la razón por la que su caso deberá decidirlo el Supremo.
El caso Barberá ha provocado divisiones en el PP. Los vicesecretarios Javier Maroto y Pablo Casado han considerado insuficientes sus explicaciones, mientras Rajoy y otros dirigentes la han apoyado.
Los demás partidos reclamaron al PP que actúe ya contra la exalcaldesa. El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, lo retó a que la saque de la Diputación Permanente de la Cámara alta para que pierda su condición de aforada si hay nuevas elecciones generales en junio y pueda así ser juzgada por la justicia ordinaria. López hizo hincapié en que hace unas semanas el PP votó en contra de poner fin a los aforamientos.
Problema estructural
Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, ironizó diciendo que «para que el PP le pida el acta va a tener que matar a Manolete». El dirigente se preguntó qué tiene que suceder para que lo haga «después de todos los casos de corrupción en el PP de Valencia, de saber que la corrupción es el problema estructural que ha asolado esa región, de poner miles de millones de euros en los bolsillos de los corruptores y de los corruptos».
El diputado de Ciudadanos Toni Roldán aseguró que «es momento de que esta señora pase por la Justicia, que es lo que tiene que hacer», aunque entiende que «internamente es un problema muy serio para el PP tener tantos casos de corrupción» y que Barberá ha estado «dominando la política valenciana como una especie de madrina durante muchos años». Pero advirtió a los populares de que «esto tiene que cambiar». Roldán señaló que si se eliminaran el Senado y el aforamiento de políticos, como propone la formación naranja, Barberá tendría que enfrentarse a la Justicia «como cualquier hijo de vecino».
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís) sostuvo que «la autoridad moral del PP es nula, de la misma manera que es nula la autoridad de ningún tipo de la secretaria general del PPCV, Isabel Bonig, y nula es la capacidad de Rajoy para controlar a los presuntos corruptos de su propio partido».
La dirección nacional le abrió expediente hace un mes, pero aún no la ha interrogado
La dirección nacional del PP recordó ayer que el partido abrió hace un mes un expediente informativo a los investigados en la llamada operación Taula, que sigue «abierto», al tiempo que subrayó que la senadora Rita Barberá no está imputada, al menos todavía, según indicaron fuentes del partido.
El pasado 16 de marzo, el comité de derechos y garantías del PP abrió expediente informativo a los ediles y asesores del partido afiliados implicados en esa causa, nombrando instructor a Francisco Molinero. Dos semanas después, este mismo órgano disciplinario acordó suspender cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia que están investigados en el caso Imelsa, que quedaron adscritos al grupo como independientes. Desde esa fecha, la dirección nacional del PP ha subrayado que ese expediente informativo seguía su curso y que tenía previsto interrogar a Barberá.
Hace dos semanas, cuando se preguntó al responsable de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, si Génova también actuaría contra Barberá una vez que declarara ante el instructor, respondió que esa decisión dependería del procedimiento judicial abierto y «cómo concluya la investigación» interna que afecta a «muchas personas». Eso sí, subrayó que ante mismos comportamientos se actuaría de forma igual. «Da igual el nombre de las personas porque las decisiones serán las mismas», afirmó, si bien pidió entonces no «sacar conclusiones de lo que va a suceder» porque estaban al «inicio» del proceso.