Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir en su cargo

«Me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario», así se expresó el responsable europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Ángel Arias Cañete. El exministro de Agricultura español compareció a puerta cerrada en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara para dar explicaciones en torno a tres sonados escándalos en los que se ha visto envuelto desde que accedió al cargo en el 2014, entre ellos el caso Acuamed y los papeles de Panamá.

El comisario más polémico del equipo de Juncker negó todas las acusaciones que vertieron contra él los partidos de la oposición y se negó a dimitir, como reclamaron socialistas, Podemos e Izquierda Unida. «Estoy absolutamente tranquilo [...]. Los señores parlamentarios pueden decir lo que quieran. Siempre estoy dispuesto a comparecer», aseguró. 

Cañete acudió con la lección aprendida tras pasar meses dando esquinazo a la prensa y después de que una mayoría de fuerzas políticas del Parlamento Europeo le exigiesen rendir cuentas. Se defendió con uñas y dientes en lo jurídico, pero pasó de puntillas por el debate en torno a las responsabilidades políticas. El comisario negó haber condonado en el caso Acuamed una deuda de 40 millones a FCC cuando todavía era ministro. «Es absolutamente falso», aseguró antes de explicar que su «única intervención» en el escándalo fue que se limitó a «sugerir» al presidente del consejo de administración que «pidiese un informe jurídico» para defender sus intereses. El documento se solicitó en abril del 2010. «No participé en ninguna negociación posterior», aclaró. La eurodiputada socialista, Iratxe García, exigió la publicación de los informes que avalaron la decisión a lo que Cañete también se negó: «Es innecesario porque ya se ha levantado el secreto del sumario». Su exposición no sació el apetito de la bancada progresista que volvió a pedir su cese: «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario, porque nos estamos jugando el prestigio de España en la Unión Europea», señaló García. 

Tampoco convencieron sus justificaciones en torno a los supuestos conflictos de intereses en los que incurrió. «No tengo intereses en ninguna compañía petrolífera [...] Vendí la totalidad de las acciones tan pronto como fui nombrado comisario para mayor transparencia y a pesar de que no tenía obligación de hacerlo», aseguró. Al ser interpelado por los papeles de Panamá, en los que figura una empresa de la que su esposa es apoderada, recordó que su mujer tiene «todos los bienes y derechos declarados en España» y que la empresa está inactiva. 

Sus argumentos fueron rechazados por los socialistas: «No estamos juzgando si su voto en el Consejo de Ministros que aprobó la amnistía fiscal fue acertado o no penalmente, pero sí es totalmente inadmisible moral y políticamente que su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal», le reprochó García.

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