El Tribunal de Cuentas reclama más control de los microcréditos electorales
ESPAÑA
Los partidos pidieron a los bancos 33,5 millones de euros para la campaña del 20D
11 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.«Financiarnos con microcréditos nos hace completamente libres», decía a principios del 2015 Pablo Fernández, candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas del año pasado. La formación morada ha utilizado con profusión el crédito de los particulares desde las elecciones europeas del 2014. También lo usó Ciudadanos en las últimas autonómicas catalanas. Pese a la proclamación de transparencia de ese sistema, el Tribunal de Cuentas, en su informe sobre los comicios generales del pasado 20D, ha recomendado «valorar la oportunidad de regular en mayor medida las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos».
La dificultad que encuentra el órgano fiscalizador es la correcta identificación de los donantes -en este caso, prestamistas que no cobran intereses- en el sistema conocido como crowdfunding, que funciona a través de Internet. En la campaña de diciembre del 2015, el partido de Pablo Iglesias reunió unos recursos de 2.874.059 euros, de los que 2.814.283 salieron de los 12.000 particulares que suscribieron los microcréditos, de entre 100 y 10.000 euros por suscriptor. El tribunal también hace objeciones a que el partido ingresara las aportaciones obtenidas en una cuenta bancaria distinta a la que, por ley, debe asociarse la financiación electoral, a la que luego, progresivamente, fue transfiriendo esos fondos.
Endeudamiento
En su último informe sobre el estado financiero de los partidos, correspondiente al año 2013, el Tribunal de Cuentas señalaba que las formaciones políticas españolas debían a la banca 205,7 millones de euros. El PSOE era el más endeudado, con 64,5 millones, seguido por el PP, con 40,5 millones; el PNV, con 25,4; Unió Democrática de Catalunya, con 17,1; Izquierda Unida, con 14,5, y el PSC, con 13,5 millones.
En la campaña electoral del 20D, que acaba de fiscalizar el tribunal, los partidos gastaron un total de 37,5 millones de euros, sin contar el coste de los envíos de papeletas a los domicilios de los votantes, que supusieron otros 48 millones, porque el mailing lo subvenciona el Estado. Frente a esos gastos, las 25 formaciones que concurrieron a los comicios pidieron prestados a la banca 33,5 millones de euros. El coste total de la campaña, entre lo que gastan los partidos y lo que aporta el Estado, oscila en torno a los 130 millones de euros.
Los que más dinero han obtenido de la banca son el Partido Popular, 10.715.000 euros; el PSOE, 8,6 millones de euros; Ciudadanos 7,6 millones; Democràcia y Llibertat, 1,16 millones, y ERC, 1,1 millones; entre los grandes, ni el PNV ni Podemos contabilizan préstamos.
En algunos casos, los préstamos son superiores a la cantidad finalmente gastada, como ocurre con Ciudadanos. Otros partidos utilizaron en mayor medida los anticipos que el Gobierno concede a cuenta de las subvenciones que cobran los partidos por cada diputado o senador que obtienen y que aumentan considerablemente si consiguen formar grupo parlamentario.
Restricciones
Los grandes grupos bancarios españoles han sido los prestatarios tradicionales de los partidos, pero para la cita electoral del pasado 20D, las cosas habían cambiado. En el año 2015 se prohibió, por fin, la práctica de que las entidades financieras condonaran los préstamos pendientes, medida de la que en varias ocasiones se beneficiaron el PP y el PSOE. Los dos primeros bancos españoles restringieron en el 2016 su financiación a los partidos, alegando que incurrían en una alta morosidad. El primer prestamista es ahora el Banco Popular. Un portavoz de la entidad afirmaba a principios de este año, al contrario que las otras entidades, que los partidos políticos presentan una morosidad próxima a cero, dado el respaldo que el Estado otorga a sus gastos electorales.
El Popular tiene incluso una oficina muy próxima al palacio de las Cortes, en Madrid, que se ha especializado en la negociación de financiación para los partidos políticos.
Irregularidades
La fiscalización sobre los gastos de la campaña del 20D recoge escasas irregularidades. Las principales son las que se refieren a las empresas proveedoras de los partidos que no han comunicado a tiempo al Tribunal de Cuentas las facturas por los servicios prestados, y al rechazo por parte de la institución fiscalizadora de un gasto de 387.000 euros en obras en la sede principal de Ciudadanos en Madrid, que el tribunal considera que no es electoral, y por tanto no suma en la cuenta de gastos subvencionables por el Estado, mientras que para el partido sí es gasto electoral, porque alega que no disponía de un espacio adecuado para la comunicación de campaña.
En cuanto a las empresas proveedoras, se trata de 45 sociedades de servicios que no han cumplido con la obligación de informar de las facturas superiores a 10.000 euros. De esas 45 empresas, 25 fueron contratadas por el Partido Popular, por un importe de 2.843.271 euros, cifra que supone el 76,85 % del total del importe no declarado por proveedores tras la campaña.