Imponía un peaje previo a los empresarios para contratar con las Administraciones
04 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Guardia Civil y Anticorrupción apuntan a que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) había creado una verdadera «ventanilla única» de contratación pública paralela por la que obligatoriamente tenían que pasar todos los empresarios que aspiraban a adjudicaciones de envergadura de cualquier administración catalana controlada por el partido, ya fuera local, provincial o de la Generalitat. Los adjudicatarios, a modo de peaje previo, debían donar una cantidad y, tras la contratación, abonar el resto de lo pactado hasta llegar a una porcentaje que «no siempre era el 3 %», aunque a veces sí que se acercaba. De acuerdo con las investigaciones de la operación Petrum, este sistema corrupto se extendió hasta meses antes de que Artur Mas abandonara la presidencia del Gobierno autonómico, hace poco más de un año, en enero del 2016.
Según revelaron ayer responsables del caso, la envergadura de las mordidas todavía no ha podido ser calculada, pero los expertos ya apuntan a que, sumadas las cuatro fases de la operación Petrum, los concursos amañados pudieron suponer varios «cientos de millones de euros». Y todas esas adjudicaciones pasaban por la «ventanilla única» que CDC había instalado en su sede.
En el despacho del tesorero
En los últimos tiempos, esta «oficina de recaudación del 3 %» estaba instalada en el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca, que también era tesorero de las dos fundaciones de Convergència, CatDem y Fórum Barcelona. Viloca volvió a ser detenido el jueves tras ya haber sido arrestado y encarcelado en octubre del 2015. Pero los investigadores han puesto ya en su punto de mira al antecesor de Viloca, Daniel Osácar, y al exgerente y exconsejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó, hombre muy cercano en su época a Artur Mas e inmediato superior de Viloca.
El modus operandi era siempre el mismo, ya fueran las operaciones amañadas que se descubrieron en el primer ayuntamiento investigado, el de Torredembarra en Tarragona, o las adjudicaciones fraudulentas del consistorio de Barcelona durante la etapa en la que fue gobernado por Xavier Trías, que dieron lugar el jueves a la última redada. Las grandes adjudicaciones de las administraciones gobernadas por CiU antes de ser redactadas pasaban en forma de borrador a Viloca. El extesorero entonces se reunía con los empresarios amigos para diseñar a la carta el concurso. La idea siempre era dejar un 70 % de la puntuación a la oferta técnica (mucho más subjetiva) y el 30 % restante a la oferta económica. Tras la publicación del concurso, el empresario abonaba la primera parte de la mordida a través de donaciones a las fundaciones. Después de la adjudicación, el resto del dinero se abonaba por el mismo sistema. Luego, desde CatDem y Fórum Barcelona el dinero se desviaba a la caja B del partido, a veces con facturas falsas.
Otorgados previamente
En palabras de Anticorrupción, «los concursos son amañados de manera que la irregularidad no consiste en saltarse los requisitos formales sino en que vienen otorgados previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad; por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a CatDem, no se atisba su carácter fraudulento».
Solo en esta última fase de la operación Petrum están en el punto de mira 19 contratos y una decena de empresas. Las pruebas de este modus operandi y de las sociedades mercantiles implicadas aparecieron, entre otros lugares, en los registros del verano del 2015 del despacho de Viloca y de su destructora de documentos.
«Hablar y que se cumpla la ley», plan de Rajoy contra el desafío secesionista
El presidente no quiso anticipar ayer las medidas jurídicas o coercitivas que pueda emprender su Gobierno para frenar el referendo en Cataluña. Sin «adelantar acontecimientos», Mariano Rajoy se limitó a señalar que su plan pasa por «hablar y que se cumpla la ley». Considera lo contrario «inaceptable». Aunque no se ha fijado fecha, el jefe del Ejecutivo informó de que ya hay conversaciones para cerrar un encuentro con Puigdemont e instó a la Generalitat a hablar de la reforma de la financiación autonómica. El presidente insistió en la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo e invitó una vez má a que la Generalitat participe en ellas. Además, censuró expresiones como la de «España nos roba». «No recuerdo quién, debía de ser un dirigente político importante, que decía que no compartía ese criterio», ironizó Rajoy en la rueda de prensa refiriéndose a una entrevista del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
Pujol asegura que se ofreció a Artur Mas para «asumir toda la mierda del partido»
El expresidente catalán Jordi Pujol, investigado en la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal tras confesar en julio del 2014 que había mantenido una fortuna oculta en Andorra, ha roto su silencio para reconocer que poco después de que admitiera el escándalo mantuvo una reunión con Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, en la que se mostró dispuesto a asumir «toda la mierda del partido». Pujol pidió a su sucesor que lo expulsara, que le retirara todos los honores y la pensión por expresidente y que se quedaría con todas las consecuencias de la bomba causada por el supuesto fraude fiscal, a cambio de que Convergència defendiera la obra de gobierno de los 23 años de pujolismo.
En una conversación privada con estudiantes en un restaurante de Barcelona, difundida por La Vanguardia, el expresidente autonómico considera «fácil» que Oriol Junqueras (ERC) sea el próximo presidente de la Generalitat, porque a su juicio Esquerra se está «aprovechando» de la actual «debilidad» del PDeCAT, un nombre que no le gusta para la CDC que fundó en 1974. «Esto de cambiar el nombre... Si hay que pagar una multa, pues la pagamos; si tenemos que decir que lo hicimos mal, de acuerdo; que nos debemos someter a inspecciones, también; pero el nombre, no lo cambiemos», expresó.
Jordi Pujol designó a Mas como su delfín y sigue creyendo en él como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat, una vez que Carles Puigdemont ya ha dicho que no optará. A su entender, el liderazgo en la exConvergència ha quedado un «poco tocado», pero le «gustaría» que Mas se ofreciera para volver a presentarse. Siempre y cuando no sea inhabilitado en el juicio que arranca el lunes por la consulta del 9N del 2014.
Artur Mas, que se sentará en el banquillo junto a Joana Ortega e Irene Rigau, insistió ayer en que cree que será condenado, aunque se considera inocente, y en que la operación anticorrupción es un «montaje» que busca «hacer mal» a CDC y al soberanismo. Y se apoya para ello en que quien actuó no fue el juez, sino la Fiscalía, que para el líder secesionista obedecía órdenes directas del Gobierno central. Por ello, anunció que los abogados del entorno del PDeCAT se están planteando querellarse contra la Fiscalía por «abuso de poder».
«Nos quieren eliminar con calumnias y montajes», dijo. Según Artur Mas, «se demostrará que en CDC no hubo financiación irregular» y puso la «mano en el fuego» por los acusados Andreu Viloca, Antoni Vives y Francesc Sánchez. Sobre este último, aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en las finanzas del partido; de Vives, señaló que es un hombre de «principios»; y de Viloca, que le han «destrozado la vida».
Junqueras descarta la mano negra que ven los detenidos
Uno de los detenidos el jueves, el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, se apuntó a las tesis de Mas. «La única explicación a esta actuación de la Fiscalía solo la puedo ver en clave política; dentro de pocos días hay un hecho jurídico, judicial y político, y a mí me cuesta mucho creer en las casualidades», dijo. Oriol Junqueras, en cambio, por segundo día consecutivo, se negó a aceptar la teoría de la mano negra contra el proceso independentista.