Sánchez ignora a sus aliados y anuncia la abstención en el tratado con Canadá
ESPAÑA
![](https://img.lavdg.com/sc/zDdZF_FIV4qSCLUL8W-aiqqYx3s=/480x/2017/06/22/00121498166522118254540/Foto/efe_20170622_095504782.jpg)
Rajoy califica de error la decisión, que no impedirá aprobar el acuerdo comercial
23 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ni los reparos de diputados y europarlamentarios socialistas a un cambio de postura que, dicen, les hace quedar mal ante las instituciones comunitarias ni, por supuesto, las críticas del Gobierno y del PP, ni siquiera la petición directa personal del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el socialista francés Pierre Moscovici, sirvieron para que Pedro Sánchez acceda a mantener la posición que hasta esta misma semana ha defendido su partido sobre el acuerdo de libre comercio suscrito entre la Unión Europea y Canadá el pasado 30 de octubre (CETA, en inglés). No lo ratificará.
El secretario general del PSOE confirmó ayer, como ya había insinuado el miércoles su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, que los socialistas se abstendrán en el pleno del Congreso que el próximo jueves debe dar su visto bueno al acuerdo. Lo hizo tras una cita con Moscovici en la que este le reclamó que se lo pensara. «Soy comisario europeo y estoy comprometido con el libre comercio; el tratado de la UE con Estados Unidos no recibiría mi apoyo, pero el acuerdo con Canadá es un buen acuerdo y merece que lo apoyemos», defendió el francés en una comparecencia en la Cámara baja.
Su opinión no es la de todos los socialistas galos. De hecho, a diferencia de los españoles y de la mayoría de los socialdemócratas, los franceses rechazaron el convenio en el Parlamento Europeo el pasado febrero. Benoît Hamon, el aspirante más izquierdista al liderazgo del partido, acababa de ganar las primarias del PSF a Manuel Valls y, además, la oposición de los poderosos sindicatos al acuerdo era muy intensa en toda Francia. Así que optaron por el no, como hizo la Izquierda Unitaria (la familia a la que pertenecen IU, Podemos y Bildu), Los Verdes y el Frente Nacional Francés de Marine Le Pen. Ahora, Sánchez asume algunos de los argumentos esgrimidos por estas fuerzas e insiste en que el PSOE no puede dar su visto bueno al controvertido acuerdo. «Somos una fuerza política multilateralista, partidaria de una apertura comercial internacional, firmes defensores de una relación estrecha con Canadá -adujo en un comunicado-, pero (...) tenemos diferencias en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones por la violación del tratado».
Sin consecuencias
El brusco viraje del principal partido de la oposición, que Mariano Rajoy tildó ayer de «error» y «mala noticia», no tendrá consecuencias dramáticas. Probablemente ni siquiera las habría tenido si en lugar de por la abstención el PSOE hubiera optado ahora por el no, como le pedía Podemos. El CETA tiene el respaldo del PP, de Ciudadanos, del PDeCAT del PNV y de Coalición Canaria, es decir, de una mayoría suficiente de las Cortes. Así que no hay ningún riesgo de que España caiga en el «ridículo» (palabra del presidente del Gobierno) de ser quien bloquee después de siete años de negociación la aplicación del acuerdo en toda Europa. Pero a buena parte de los parlamentarios socialistas eso no les consuela. Algunos se quejan de cómo se han hecho las cosas porque la primera noción de que había intención de revisar la posición sobre el CETA les llegó a través de un tuit de la presidenta del partido, Cristina Narbona, en la noche del martes. El sábado, en su 39º. congreso, el PSOE había adoptado una posición genérica sobre los acuerdos comerciales en la que se apuntaba que deben asegurar «la universalización de derechos» y «protecciones sectoriales». «Pero esa redacción lo mismo sirve para apoyar el CETA que para rechazarlo», dice con ironía un diputado.
Un nuevo tipo de acuerdo con fuerte contestación y que ha dividido a los socialdemócratas
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) es el mayor tratado de libre comercio negociado por la Unión Europea, en un proceso iniciado en el 2009, y que durante estos años ha suscitado un gran rechazo social, ha provocado recelos en numerosos países miembros y ha acabado dividiendo a la socialdemocracia europea. Una división de la que el viraje de Pedro Sánchez, para desdecirse de lo aprobado durante el mandato de la gestora, es un ejemplo ilustrativo. El tratado fue aprobado el pasado 15 de febrero por el Parlamento Europeo por 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones.
Mientras los eurodiputados del Partido Popular Europeo y los liberales votaron en bloque a favor, y los verdes y la izquierda radical lo hicieron en contra, los socialdemócratas se dividieron: 97 votaron a favor y unos 80 -fundamentalmente belgas, franceses, británicos y austríacos- votaron en contra o se abstuvieron. Solo una eurodiputada del PSOE, Soledad Cabezón-Ruiz, votó en contra.
El mayor convenio
El CETA es el mayor acuerdo bilateral firmado por la Unión Europea, pero también el modelo de un nuevo tipo de acuerdos que van más allá de lo estrictamente comercial y arancelario, ya que incluye la armonización de normas y condiciones laborales, prestación de servicios y reconocimiento de titulaciones profesionales, acceso a concurso públicos de inversores de otros países. El CETA era la antesala de otro acuerdo que aún ha generado más polémica, el Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), que se está negociando con Estados Unidos, aunque la administración de Donald Trump le ha echado el freno.
El tratado crea un área comercial de 800 millones de consumidores que, según Bruselas, incrementará el comercio bilateral en un 25 % y aportará 12.000 millones de euros anuales al PIB comunitario. En cambio, informes canadienses creen que reducirá el PIB un 0,5 %, destruirá 230.000 empleos en ambas zonas, la mayoría en Europa. Las críticas se centran en que el acuerdo favorece fundamentalmente a las multinaciones, a las que se les abre una puerta para imponer sus intereses a los Gobiernos en asuntos esenciales como las condiciones laborales, servicios públicos como la sanidad y la educación, y las políticas medioambientales.