La reforma que permite la ruptura exprés deja sin derechos a la minoría, según el Consejo de Estado
ESPAÑA
El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá este viernes al constitucional el último movimiento de las fuerzas independentistas
28 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy obtuvo este jueves el preceptivo aval del Consejo de Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional el último movimiento de las fuerzas independentistas de Cataluña en su cruzada para celebrar un referendo unilateral. El órgano consultivo del Gobierno entiende que la reforma del reglamento del Parlamento autonómico, aprobada este miércoles con los 71 votos de Junts pel Sí (la coalición del PDECat y Esquerra) más los anticapitalistas de la CUP, puede vulnerar los derechos de la minoría representada en la Cámara.
El cambio del funcionamiento legislativo impulsado por los independentistas busca garantizar que en el primer pleno del 6 de septiembre se apruebe ya, por el procedimiento de lectura única, la ley con la que la Generalitat pretende dar cobertura legal a la consulta del 1 de octubre. Probablemente a la par y por el mismo procedimiento (aunque aún está por decidir) se impulsaría también la llamada ley de transitoriedad, es decir, la otra norma con la que el Gobierno de Carles Puigdemont aspira a garantizar la «desconexión» exprés de Cataluña, según el término acuñado por el secesionismo.
Hasta esta misma semana, la vía de urgencia que supone el procedimiento de lectura única estaba reservada exclusivamente a aquellas proposiciones de ley firmadas por «todos los grupos» del Parlamento. Ahora, puede utilizarse para una iniciativa planteada por uno solo. Bastaría así con que la solicitara el grupo promotor de la iniciativa y con que el pleno, en el que en estos momentos hay mayoría secesionista, diera su visto bueno. Una de las claves de la lectura única, tal y como está regulada en Cataluña, es que no contempla la posibilidad de presentar enmiendas al texto que vaya a ser sometido a debate.
Alternativas
Tanto la Junta de Letrados del legislativo autonómico como el Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtieron en su momento que, aunque ese hecho no sea en sí mismo contrario a la Constitución o al Estatut, sería conveniente establecer un trámite para que los grupos puedan proponer cambios en parte o en la totalidad del articulado. Pero la sugerencia cayó en saco roto.
En su dictamen urgente, solicitado el mismo miércoles por el Gobierno, el Consejo de Estado también subraya que la inexistencia de un trámite de enmiendas no sería en sí misma recurrible. Sin embargo, argumenta que, sumada al hecho de que se haya «privado» a la minoría de «toda participación en la decisión de iniciar el trámite de lectura única» y de que se haya consagrado «la regla de mayoría simple», sí puede suponer la vulneración del derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad. O sea, que podría ir contra el artículo 23.2 de la Constitución y el 29 del Estatuto de autonomía.
Con esa conclusión sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo puede presentar un recurso de inconstitucionalidad para frenar las pretensiones de los independentistas catalanes en cualquier momento, pero probablemente lo hará tras el Consejo de Ministros de este mismo viernes. La mera admisión a trámite del recurso por parte del tribunal conllevará la suspensión automática de la nueva redacción del artículo 135.2 del reglamento del Parlamento de Cataluña.
El Consejo de Estado propone otra vía en el caso de que la anterior no prosperara, que sería recurrir ante el Constitucional el acuerdo de la Mesa del Parlamento por el que se proponga al pleno la tramitación de las leyes de ruptura. El argumento sería el de que no se ajustan a las dos condiciones exigibles para usar la vía rápida. Eso es, que la «naturaleza» del proyecto lo aconseje o que «la simplicidad de la formulación» lo permita.