El Tribunal Constitucional será de nuevo el último dique frente al independentismo catalán

melchor saiz-pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Andreu Dalmau | EFE

Decide hoy si suspende la reforma del Parlamento que abre la puerta a la ruptura exprés

31 jul 2017 . Actualizado a las 09:32 h.

El pleno del Tribunal Constitucional admitirá hoy a trámite (salvo sorpresa extrema) el recurso del Gobierno contra el último movimiento táctico de las fuerzas independentistas de Cataluña para celebrar un referendo unilateral de autodeterminación el próximo 1 de octubre.

La prevista admisión del recurso por parte de los jueces provocará la suspensión temporal e inmediata de la reforma del reglamento del Parlamento catalán. La cámara autonómica dio luz verde el miércoles de la pasada semana a que el legislativo pueda aprobar leyes por el mecanismo de lectura única. Una normativa redactada ad hoc para acelerar la aprobación tanto de la ley del referendo del 1 de octubre como las otras normas conocidas leyes de la desconexión.

En su recurso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que el pasado viernes obtuvo el aval del Consejo de Estado, invoca el artículo 161.2 de la carta magna, lo que implica que la reforma quedará en suspenso de inmediato, ya que el Gobierno tiene constitucionalmente la capacidad de frenar cualquier «disposición o resolución» que emane de los «órganos de las comunidades autónomas». El Ejecutivo, siguiendo la línea marcada por el Consejo de Estado, alega ante el órgano que preside Juan José González Rivas que la reforma del reglamento de la cámara autonómica aprobada con los 71 votos de Junts pel Sí (la coalición del PDECat y Esquerra) más los anticapitalistas de la CUP, vulnera el derecho de participación política (en este caso de los minoritarios) en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. 

Septiembre en el horizonte

La suspensión cautelar de esta reforma debería tener efectos visibles a la vuelta de las vacaciones. El legislativo catalán tiene previsto aprobar en su primer pleno del curso, el próximo 6 de septiembre, la normativa que daría el supuesto paraguas legal para la consulta secesionista. Y lo haría inaugurando el procedimiento exprés de lectura única que tiene previsto suspender el Constitucional. De manera simultánea -y por el mismo procedimiento bloqueado por la corte de garantías- el Parlamento catalán podría, si bien todavía no es seguro, dar luz verde al corpus normativo de la llamada «desconexión».

La abogacía del Estado ya trabaja en sus escritos ante el Constitucional en el caso de que, efectivamente, la Cámara catalana desoiga la suspensión en septiembre. El Gobierno pediría entonces la aplicación directa de sanciones a los desobedientes, según fuentes del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no va a dudar en pedir la aplicación de la reforma exprés aprobada en otoño del 2015 por el Congreso con los únicos votos del PP para forzar a que fuera el propio tribunal el que se encargue de castigar (y con más dureza) a las instituciones o autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones.

El Constitucional, con la probable suspensión hoy del reglamento de la Cámara catalana, se convertirá de nuevo en el dique de contención frente al órdago independentista. La corte de garantías ha venido fallando siempre a favor del Ejecutivo desde que en noviembre del 2015 comenzara la batalla legal del Gobierno de Mariano Rajoy contra las maniobras secesionistas catalanas. Un mes después de la aprobación de ese inicio del proceso de desconexión tras la elecciones de septiembre del 2015, la corte declaró ilegal esa declaración. En septiembre del 2016 suspendió las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Solo un mes después, los magistrados impulsaron la investigación sobre la responsabilidad penal de Carme Forcadell por desobedecer sus resoluciones. Ya en febrero de este año, el Constitucional estimó el incidente de ejecución del Gobierno contra la resolución de Parlamento catalán que daba luz verde al referendo. Y el pasado mayo, los magistrados ampararon al Ejecutivo cuando recurrió el decreto de la Generalitat de creación del Comisionado para la Transición Nacional.