Anticorrupción intentó sin éxito imputar a Gallardón por el saqueo del Canal de Isabel II
ESPAÑA
La Fiscalía dijo tener indicios de que el exalcalde o su equipo desfalcaron 70 millones de euros
14 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón estuvo a un paso de ser imputado por el saqueo del Canal de Isabel II el pasado noviembre, seis meses antes de que la Guardia Civil desatara la denominada operación Lezo que acabó con la detención de su sucesor, Ignacio González, en abril de este año.
Según los documentos que obran en el sumario que ahora instruye el magistrado Eloy Velasco, titular del juzgado y quien envió a la cárcel a Ignacio González, la decisión de apuntar contra el también exalcalde de Madrid la tomaron los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez tras revisar las grabaciones de los pinchazos a los que había sido sometido el propio González, quien, ante sus interlocutores, señaló a Ruiz Gallardón y a «su gente» como muñidores de aquella operación financiera.
La pista
«Alberto hizo una operación: no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí [...]; compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá». Esta frase de González fue la que puso en la pista a Anticorrupción. Según la Fiscalía, las palabras del todavía hoy encarcelado se refieren al agujero principal investigado en la operación Lezo: la compra de Inassa por 73 millones de dólares (más de 80 millones de euros, en la época), con un endeudamiento del Canal de Isabel II superior a los 51 millones de euros, cuando el valor real de la mercantil era muchísimo menor. Esta transacción tuvo el aval del Consejo de Gobierno que presidía Gallardón.
El propio González, en las conversaciones grabadas en noviembre del año pasado con el exministro Eduardo Zaplana y otros interlocutores, ponía en duda la legalidad de la operación, máxime cuando, siempre según Ignacio González, la empresa colombiana tenía un valor inferior a 30 millones de euros.
La Fiscalía, aunque no da crédito completo a las afirmaciones pinchadas a González, sí que constata que el equipo de Ruiz Gallardón desde luego aprobó la compra con un estudio «insuficiente» de los riesgos de la operación e insiste en que esta transacción efectivamente tuvo que estar «controlada» por el exministro de Justicia o por su equipo.