La rebeldía de la Generalitat pone en peligro el abono de 200.000 nóminas

cristian reino / a. estrada BARCELONA, MADRID / COLPISA

ESPAÑA

ALBERT GEA | REuters

El Gobierno catalán da por suspendida la intervención de las cuentas y se niega a dar a Hacienda los datos para que haga los pagos

20 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Generalitat se declaró en rebeldía en un hecho inédito en 40 años de democracia, pues anunció que no acatará la intervención de sus cuentas decretada por el Ministerio de Hacienda. Cuando se daba por hecho que el Ejecutivo central pasaría el martes a controlar los gastos esenciales de la Administración catalana, para asegurarse que no destina ni un euro a la celebración de la consulta secesionista, el Gobierno catalán dio por suspendida de manera unilateral la intervención de sus cuentas, una operación que considera que supone una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución, el que permite la suspensión de competencias autonómicas.

El vicepresidente catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras, basó su argumentación en el recurso que presentó al Tribunal Supremo y que fue admitido a trámite el martes, lo que para él implicaba «efectos suspensivos» de la intervención de las cuentas. Fuentes del Supremo aclararon que para ordenar medidas cautelares, como solicitaba la Generalitat, debe abrir un período de unos 10 días para dar traslado a las partes para que puedan presentar alegaciones. Pero aclarando que durante este tiempo «no se suspende la intervención». Hacienda, por tanto, debía asumir el martes la tesorería de Cataluña.

«Su interpretación es una manipulación absoluta», dijo Sáenz de Santamaría. «Si hay un terreno en el que no hay posverdad es en el ámbito judicial. Lo único que ha hecho el Supremo es poner un sello de admisión de entrada del recurso de la Generalitat», aseguró la vicepresidenta del Gobierno. Junqueras, en cambio, insistió en que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo le ampara y que en cualquier caso la intención del Gobierno catalán es seguir actuando como si no hubiera intervención. Por ello, el líder de Esquerra anunció que se dirigirá a las entidades financieras por la vía administrativa y notarial para exigirles que sigan relacionándose con la Administración catalana con «normalidad», ignorando la intervención de Hacienda. Las entidades bancarias pueden encontrarse en el medio de fuego cruzado, ya que Hacienda les instó el lunes a congelar los fondos y controlar las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat.

El listado de nóminas

Entretanto, cerca de 200.000 funcionarios y empleados públicos de la Generalitat aguardan expectantes el pago de su nómina, y a día de hoy no es seguro que se vaya a realizar a tiempo pues el Gobierno central necesita que la Generalitat le entregue el listado con los nombres de a quiénes hay que pagar y cuánto. Y aquí se incluyen nóminas pero también ayudas a la dependencia, becas y otras subvenciones. Fuentes oficiales del Gobierno central insisten en que la Generalitat «ya no maneja el dinero» y que si no se pagan las nóminas a tiempo «será su culpa» por no facilitar el listado. En todo caso, hay tiempo hasta este viernes, según Hacienda, para recibir la información.

Manifiesto universitario contra el referendo

Más de 230 profesores de diversas universidades españolas han firmado un manifiesto en el que acusan a los secesionistas de dividir a la sociedad y poner en riesgo la convivencia y la paz social.

Fernando Savater, los historiadores Juan Pablo Fusi y Fernando García de Cortázar, y exdirector del Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional Jon Juaristi, son algunos de los firmantes de este texto en el que recuerdan que «los nacionalismos del siglo XX llevaron al mundo a dos guerras apocalípticas y hundieron a Europa en la barbarie». Los firmantes reclaman al Gobierno que actúe «con la máxima celeridad, firmeza y determinación» para «proteger los derechos de todos».

Los profesores universitarios piden al Ejecutivo que impida «la celebración de un referendo falso e ilegal» y que actúe judicialmente contra los responsables de «este atropello a la democracia».

Las dudas sobre las opciones de celebrar la consulta se instalan en el PDeCAT

A mal tiempo, buena cara. Esa es la consigna en el Gobierno catalán, que insistió en que el referendo se celebrará, aunque algunos elementos clave como el censo o las urnas siguen en paradero desconocido. En cambio, desde las filas del PDeCAT, las opiniones no son tan optimistas. «El Gobierno se está poniendo muy duro», reconocieron fuentes de la dirección neoconvergente. «En el independentismo algunos lo vemos más complicado y otros en cambio son menos realistas», señalaron. «El día 1 votaremos», mantuvo en privado un diputado de Junts pel Sí. «Iremos a los colegios y, si están cerrados, nos concentraremos frente a los locales», añadió. Fuentes próximas a Carme Forcadell también reconocen las dificultades que está poniendo el Gobierno central.