Mas y siete subordinados deberán depositar en quince días una fianza de 5,2 millones o serán embargados
ESPAÑA
Los investigados ven «un abuso» el expediente del Tribunal de Cuentas sobre el gasto público en la consulta del 9N
26 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La consulta popular del 9 de noviembre del 2014 en Cataluña, suspendida primero y declarada ilegal meses después por el Tribunal Constitucional, le va a salir muy cara a sus responsables, empezando por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, condenado por un delito de desobediencia por estos hechos a dos años de inhabilitación. La delegada instructora del Tribunal Cuenta dio a conocer ayer el acta de liquidación de la consulta del 9N, pagada con dinero público de la Generalitat, una vez que ha concluido la investigación. Los abogados de los expedientados acudieron a la sede del órgano fiscalizador para conocer la factura, que asciende a 5,25 millones de euros: 4,83 millones por los daños ocasionados a los fondos públicos y 420.349 euros por los intereses generados en estos casi tres años.
La instructora responsabiliza directamente a Artur Mas por todos los gastos de aquella consulta como presidente de la Generalitat. En concreto, por las partidas dispuestas por sus subordinados, entre ellos los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, condenados también por los tribunales por un delito de desobediencia. Los ocho expedientados al finalizar la instrucción (el caso de dos interventores ha sido archivado) tendrán ahora 15 días para depositar de forma directa y solidaria las cantidades que se les reclama. En caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes para garantizar el pago en caso de una futura condena.
De las nueve partidas destinadas al 9N, la delegada instructora exige una fianza directa y solidaria (conjuntamente) a dos o más investigados. Pero en el caso de Más, como máximo responsable entonces de las cuentas públicas catalanas, aparece en todas las partidas bajo sospecha, es decir, tendría que hacer frente con sus bienes personales al pago de la fianza en el supuesto de que sus compañeros no lo hagan.
Dos millones recaudados
Así, a Mas se le atribuyen 5,25 millones a pagar de forma solidaria con el resto de expedientados; a Irene Rigau, responsable de la adquisición de los ordenadores y de los servicios informáticos, 3,04 millones; a Francesc Homs, 2,1 millones correspondientes a cuatro gastos distintos; y a Joana Ortega, cinco partidas equivalentes a 839.439 euros.
Tras conocer la decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas, Mas, Homs, Rigau y Ortega emitieron un comunicado conjunto en el que tachan la resolución de «auténtica aberración». «No tiene fundamento jurídico, solo gusta intimidar y es una operación de abuso del Estado». La plataformas independentistas de ANC y Òmnium abrieron una caja de solidaridad la semana previa a la Diada y ayer aseguraron en un comunicado que ya han recaudado dos millones de euros, por lo que faltarían 3,2 en los próximos 15 días para evitar el embargo.
La denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Constitucional al organizar aquella consulta del 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público. También la sentencia condenatoria del Supremo contra Homs dejaba esta puerta abierta. En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5,1 millones de euros en las siguientes partidas: construcción de una página web institucional, material para la votación, adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación, póliza aseguradora para voluntarios, apoyo informático a la consulta y envío de información.