Ordena a los agentes que se limiten a usar métodos no violentos para intentar cumplir el mandato judicial de cerrar los colegios, que la policía catalana permitió ayer ocupar
30 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La orden dejó boquiabiertos a propios (los Mossos) y a extraños (los responsables de Interior): desalojar el domingo a las seis de la mañana a las decenas de miles de personas que tienen previsto ocupar los 2.135 colegios electorales de Cataluña sin «el uso de la fuerza». La prohibición es taxativa: «En ningún caso se usará la defensa policial extensible u otros elementos de naturaleza similar durante estas acciones». Básicamente, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en sus instrucciones sobre el despliegue del 1-O para impedir el referendo, reclama de sus más de 17.000 funcionarios que usen su persuasión para convencer a los congregados de que se marchen a casa sin votar. Trapero insiste en que utilicen la «mediación» como única arma.
Con estas premisas comenzó, a las dos de la tarde de ayer, la operación policial para impedir el referendo ilegal en Cataluña. Los Mossos tienen la orden de comprobar que en los colegios no se llevan a cabo actividades relacionadas con la preparación de la consulta. En las visitas que hicieron las patrullas de dos agentes se encontraron con centros ocupados por alumnos, padres y profesores, y con vecinos concentrados enfrente.
Solo hubo un incidente en el barrio de El Raval de Barcelona por el intento del director de cerrar la reja del centro, lo que ocasionó un forcejeo con el vecindario, pero la cosa no pasó a mayores. Los Mossos tienen orden de actuar con buenas maneras, sin porras y sin violencia. Así lo hicieron. Llegaron a algunos de los más de 2.000 colegios, no a todos; preguntaron qué hacían allí los concentrados; y se fueron sin más. Ni la policía catalana ni la Delegación del Gobierno en Cataluña dieron cuenta de incidentes reseñables. El momento de la verdad llegará a las seis de la mañana del domingo, entonces los Mossos tendrán que cerrar los colegios abiertos para impedir la votación. Hasta entonces, una calma tensa.
Dos horas antes de que comenzara la operación policial, el Gobierno catalán presentó, a medias, los detalles de la jornada de votación. El vicepresidente, Oriol Junqueras, y los consejeros Jordi Turull y Raül Romeva garantizaron que todo está a punto para el referendo. Están llamados a votar, según su censo, 5,3 millones de catalanes que podrán depositar su papeleta en las 6.249 urnas repartidas en 2.315 colegios electorales que serán gestionados por 7.235 personas. Unas cifras guardadas hasta ayer como oro en paño, y cuya presentación tuvo como colofón la presentación en sociedad de la urna, que resultó ser un pequeño contenedor de plástico.
Ahora queda por ver si los Mossos acatan el mandato judicial de cerrar los colegios. La orden de Trapero da apariencia de cumplimento a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La jueza en ningún caso en su resolución vetó el uso de medidas coercitivas para desalojar los colegios, pero Trapero sí. «El uso de la fuerza, ante conductas de desobediencia pasiva, no podrá ir más allá del acompañamiento de personas hacia el exterior del centro o para permitir abrir un pasaje que deje acceder a la policía para hacer las comprobaciones y las acciones ordenadas en la interlocutoria judicial». Esta frase, explicaron fuentes del operativo, de facto impide cualquier desalojo, ya que es más que previsible que los congregados, de forma no violenta, simplemente se nieguen a marcharse ante el requerimiento verbal de los Mossos, que estarán facultados para identificar a los contumaces, quienes igualmente podrán negarse a ello, ya que los funcionarios no han recibido orden alguna de practicar detenciones. Los policías solo podrán utilizar las porras en casos extremos.
En línea con el discurso de la Generalitat, el mando insiste a sus agentes en que valoren si su actuación en los colegios puede provocar «un mal mayor del que se pretende evitar, especialmente cuando entre las personas concentradas haya presencia de menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables». Precisamente, la utilización de niños en las concentraciones en los colegios va a ser una tónica generalizada el domingo, temen las fuerzas de seguridad.
Las órdenes son que los agentes que se vean incapaces de desalojar por «mediación» los colegios llamen a los centros de mando, que serán los que decidan si llaman a la Guardia Civil o a la policía, que no tienen restringido el uso de la fuerza.
Multas de hasta 300.000 euros a los miembros de las mesas
La Agencia Española de Protección de Datos advirtió ayer de una posible infracción en la que podrían incurrir los integrantes de las mesas electorales que han sido designados para el referendo ilegal. La agencia avisa de que si en la votación prevista para este domingo se facilita a los miembros de las mesas una copia del denominado censo electoral catalán, los integrantes de estas no podrían tratar esos datos como miembros de un «órgano electoral» ni como personas físicas que estuvieran desempeñando competencias propias de la Generalitat, porque no están autorizados. Las multas previstas por la ley pueden llegar a los 300.000 euros.