El juez del Supremo rechaza reactivar la euroorden porque dice que el viaje a Dinamarca es una estratagema del expresidente para ser detenido y así poder ser investido con un voto delegado
23 ene 2018 . Actualizado a las 10:06 h.El juez Pablo Llarena está convencido de que el viaje de Carles Puigdemont a Copenhague era una treta con la que buscaba ser arrestado en ese país para alegar así que no puede estar presente en el debate de investidura ni defender su programa ante el Parlamento de Cataluña. De esa manera, podría ser el candidato sin retorcer el reglamento y votarse a sí mismo con un voto delegado. «Que el comportamiento [de Puigdemont] pueda buscar la detención [...] es algo que no se escapa al instructor», avisa el magistrado del alto tribunal en el auto con el que deniega la petición de la Fiscalía de activar la euroorden contra el expresidente de la Generalitat en Dinamarca.
La tesis de Llarena es que el viaje a la capital danesa «no tiene otra finalidad que buscar la detención» y que se abra en ese país el procedimiento para su extradición. De esa forma podría justificar que su ausencia en el debate de investidura es obligada y no voluntaria. «De este modo, se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener» ya que en esa situación podría delegar su voto en otro diputado. Cesión que no puede llevar a cabo mientras esté libre y prófugo de la Justicia en Bruselas u otro país. Su situación se equipararía así a la de Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Estremera pero que «ante la incapacidad legal de acudir» al Parlamento catalán puede delegar su voto, de acuerdo con la decisión que adoptó el propio Llarena cuando le negó el permiso para acudir a la Cámara.
Los preparativos y la publicidad del desplazamiento de Puigdemont a Copenhague abonan la teoría del juez. Los movimientos del expresidente de la Generalitat en Bruselas se caracterizan por el secretismo, pero en esta ocasión la transparencia fue absoluta. Se sabe desde el viernes que ayer iba a viajar a Dinamarca, que iba a participar en un coloquio universitario titulado «¿Cataluña y Europa en una encrucijada para la democracia?», que se iba a alojar en el céntrico hotel Radisson Scandinavia y que hoy participará en una reunión con diputados en el Parlamento del país nórdico organizada por Magni Arge, un independentista de las islas Feroe. Durante el debate universitario se destapó asimismo por una confidencia del moderador que Puigdemont se autoinvitó al coloquio: «Se invitó a sí mismo. Y luego dijimos que sí, gracias».
Jactancia de Puigdemont
La hipotética detención además fue alimentada desde el Gobierno durante el fin de semana a través de los ministros de Interior y Justicia. Hasta la Fiscalía hizo pública una inusual nota informativa el domingo con su «intención» de «actuar inmediatamente» y solicitar al juez del Supremo la activación de la euroorden de detención para que las autoridades danesas actuasen. Hasta los abogados del expresidente, por lo normal discretos, alertaron de los riesgos del arresto en varios medios de comunicación.
Pero Llarena no entró en el juego y apenas dos horas después de recibir ayer la petición de la Fiscalía la desestimó, aunque reconoció que era «razonable». El juez considera en su escrito que Puigdemont, más allá de sus palabras épicas, tiene asumida «la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento» y buscó un resquicio con el viaje y el arresto provocado en Copenhague. De ahí, añade, que «la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad» de la euroorden, todo ello dentro de «una estrategia anticonstitucional e ilegal».
Incluso si se diera «la remota posibilidad» de que el interés del expresidente catalán en participar en el debate universitario fuera «una exclusiva inquietud académica», tampoco es aconsejable su captura, según el juez. La detención, escribe Llarena, se producirá en un momento «no necesariamente lejano», cuando «el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario» en Cataluña «no se encuentren en riesgo por una detención que sería lógica en otro contexto».
El juez del Supremo no entra en disquisiciones de los riesgos que podrían acarrear una orden de captura y la consiguiente extradición desde Dinamarca por delitos distintos de los que se le atribuyen a Puigdemont en España. Una situación que motivó su orden de retirar la euroorden en Bélgica, ya que el ordenamiento legal de ese país no comparte los criterios para tipificar los delitos de rebelión y sedición, y cabía la posibilidad de que fuera entregado a España para ser juzgado solo por el de desobediencia. De esa manera, la fuga hubiera dado pie a una situación discriminatoria respecto a los exmiembros del Gobierno catalán que no huyeron y afrontaron sus responsabilidades ante la Justicia, como Junqueras o el exconsejero Joaquim Form, que se acercan a los tres meses de prisión preventiva.