El fondo fue puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en julio del 2012 para ayudar a las comunidades con problemas de acceso a los mercados financieros
01 feb 2018 . Actualizado a las 07:13 h.Los problemas judiciales se les acumulan a los independentistas. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga la organización del referendo ilegal del 1 de octubre. Y en un auto fechado el pasado día 20, pero cuyo contenido se conoció ayer públicamente, constata por primera vez que en la preparación de la consulta se utilizaron fondos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en julio del 2012 para ayudar a las comunidades con problemas de acceso a los mercados financieros, bien porque no les prestaban dinero o porque lo hacían a unos intereses inasumibles. «Resulta evidente que el importe destinado a la celebración del referendo debe atribuirse, en parte, al crédito obtenido del FLA, ya que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat», argumenta el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en el fallo por el que rechaza el recurso planteado por Josep María Jové, quien fue número dos de Oriol Junqueras en la Vicepresidencia de la Generalitat.
El magistrado recuerda que la Generalitat catalana recibió más de 53.000 millones de euros con cargo al FLA entre los años 2012 y 2017. Añade que el proceso secesionista comenzó o bien a raíz de la consulta del 9N del 2014 o, en todo caso, tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre del 2015. Y concluye que «resulta evidente que el importe destinado a la celebración del referendo del 1 de octubre del 2017 debe atribuirse, en parte, al crédito obtenido del FLA, ya que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat de Catalunya, y, ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingresos, es por lo que cualquier gasto deberá imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA percibido aquel año».
Además, considera que esta imputación debe hacerse con independencia de si los pagos relacionados con la preparación del referendo los hizo directamente la Generalitat o «indirectamente personas o entidades interpuestas con la finalidad de desviar el rastro de las partidas, dificultando así la investigación». Con esta argumentación, el juez fundamenta la existencia de un delito de malversación, ya que el dinero obtenido a través del FLA tenía un finalidad distinta de aquella por la que se solicitó.
El juzgado tiene documentos que iban a ser quemados por los Mossos el pasado 26 de octubre, pero que fueron incautados por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Según esa documentación, que aún está en estudio, se pueden haber destapado apuntes contables que desvelan el desvío de algo más de tres millones de euros de dinero del FLA al proceso soberanista.
