La Guardia Civil eleva a 1,9 millones el dinero público usado en el proceso secesionista
ESPAÑA
Reconoce, en un informe al Supremo, que solo tienen pruebas del desvío de una décima parte de los pagos
20 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La Guardia Civil en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena fechado el pasado 27 de marzo eleva de 1.602.001 euros a 1.915.067 el dinero público desviado al proceso secesionista, aunque admite que se trata de una estimación y que solo tienen pruebas documentales para sustentar la malversación de la décima parte de esos casi dos millones que salieron del presupuesto de la Generalitat.
En su último estudio, la Guardia Civil apunta a que la gran partida supuestamente malversada durante el procés fueron 979.661 euros, más 651 euros de reparto, que presuntamente la Generalitat gastó en la elaboración de material electoral y su entrega a la empresa Unipost. Los investigadores recuerdan que en los registros en los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Presidencia se hallaron facturas exactamente por esas cifras.
Pero el informe apunta a que esos supuestos gastos no habían salido de las arcas públicas, porque «no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de estas». Fuentes de la investigación señalaron este jueves que era precisamente a este dato al que se refería Montoro en la entrevista por la que el juez Llarena le ha pedido explicaciones. El informe va más allá y revela que Unipost intentó, sin éxito y en dos ocasiones, cobrar al menos las facturas (con IVA) que giró contra el Departamento de Trabajo. En total, 238.965 euros que se quedaron sin pagar.
En la misma línea de duda, la Guardia Civil admite que los 61.870 euros de la cartelería, con el logo de la Generalitat, llamando a participar en el referendo fueron pagados por Òmnium Cultural. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que el Ejecutivo de Puigdemont pudiera haber desviado ese dinero a la entidad que dirige Jordi Cuixart, pero no aportan datos.
Otros casos
Parecido es el caso del acto a favor del referendo del pasado 4 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña. Fueron 17.690 euros. El contrato fue firmado por el consejero de la Presidencia Jordi Turull, pero -admite el informe- fue pagado por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí.
Las partidas malversadas que son acreditadas son poco más de la décima parte de los 1,9 millones. Las pruebas más consistentes salpican a la Consejería de Exteriores y a su exresponsable Raül Romeva. Diplocat, el pretendido Ministerio de Exteriores catalán, abonó de sus arcas públicas 119.700 euros a los supuestos observadores del 1-O (más la promesa de otros 47.365 euros, que no se sabe si se pagaron). A este importe hay que sumarle los 40.591 euros que el departamento de Romeva desembolsó en vuelos y hoteles para esos supuesto expertos de The Hague Center for Strategic Studies. Sí hay también indicios para sostener que la Generalitat camufló en partidas menores de material informático otros gastos del 1-O.