Los investigadores esperaron durante años un error del expresidente valenciano, que se produjo al intentar recuperar parte de los diez millones en sobornos escondidos en Uruguay y Panamá
23 may 2018 . Actualizado a las 10:51 h.Dos años de investigaciones con Eduardo Zaplana en el punto de mira desembocaron ayer en una operación con un nombre muy significativo, Erial. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que seguían la pista del expresidente valenciano esperaron pacientemente a que Zaplana y su entorno cometieran un error. Sabían que, a pesar de las abrumadoras pruebas de que el exministro de José María Aznar había amasado una verdadera fortuna gracias a las mordidas durante los siete años que estuvo al frente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y en el período inmediatamente posterior, no había forma de llevarle ante un tribunal porque los delitos derivados del cobro de esas comisiones (el cohecho, la malversación o la prevaricación) estaban prescritos, al menos en lo referido a las operaciones de más envergadura.
Pero el error llegó. Zaplana, que durante cerca de dos décadas logró ocultar ese patrimonio detrás de una complejísima madeja de empresas y oficinas en Panamá y Uruguay, decidió recientemente comenzar a repatriar esos fondos e integrarlos en los canales financieros legales. De nuevo, explican los responsables del operativo, usó una imbricada estructura con despachos y tentáculos en Luxemburgo, Andorra y Londres para hacer aflorar ese patrimonio, pero la UCO ya estaba detrás de esa inmensa operación de lavado de dinero negro. Los delitos, esta vez sí, eran nuevos y perseguibles, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
La Guardia Civil ya estaba sobre la pista de la inminencia de la operación de lavado, pero una coincidencia confirmó sus sospechas: un papel encontrado en el 2016 en el marco de la operación Taula sobre la financiación irregular del PP valenciano.
Según las primeras estimaciones de los investigadores, la red que encabezaba el exministro y expresidente de la Generalitat valenciana se había hecho con cerca de diez millones y medio de euros en comisiones por adjudicaciones, particularmente con renovables eólicas y la privatización de las ITV. El primer caso se refiere a las adjudicaciones irregulares a Sedesa del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en sus zonas V, VI y XI, ejecutado en el 2006, pero que se diseñó durante la época en que Zaplana presidía la Generalitat. El conjunto del plan tuvo un presupuesto cercano a los 2.000 millones de euros. La segunda fuente de mordidas del entramado que dirigía el exministro de Trabajo es el plan de 1997 para la privatización de las estaciones de revisiones de vehículos por el que el Gobierno autonómico vendió la explotación por 25 años prorrogables a 75 de una veintena de instalaciones por unos 37 millones de euros.
El nexo, los Cotino
El nexo de unión de estos dos pelotazos era la familia Cotino, propietaria de Sedesa y beneficiaria principal de la privatización de las ITV. La Guardia Civil sostiene que este grupo empresarial fue el principal benefactor de Zaplana.
La UCO detuvo ayer a los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del exdirector general de la policía, exconsejero y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. En Barcelona fue arrestado Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, hombre de confianza en su etapa como jefe del Ejecutivo autonómico y expresidente del club de baloncesto Estudiantes. Los agentes también arrestaron al exdirector de relaciones institucionales de Terra Mítica y exdirector de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo Joaquín Barceló Llorens y a su mujer, Felisa López. Otro de los arrestados fue Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y exsecretario del consejo de administración de la CAM.
Además de estas siete detenciones, los funcionarios tienen previsto interrogar como imputados a otros siete sospechosos, entre ellos Juan Cotino (que declarará mañana ante la Guardia Civil); la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; y Mitsuko Henríquez, la secretaria del exministro.
Los agentes practicaron una quincena de registros, en la Consejería de Economía y en la vivienda de Zaplana en Valencia y en su chalé de Benidorm, adonde fue llevado el exministro para el allanamiento, en su despacho profesional en Madrid y en los domicilios particulares y oficinas del resto de los detenidos.
Uno de los siete detenidos tuvo intereses empresariales en Galicia
Además de sus lazos con el exdirector de la policía Juan Cotino, del que es sobrino, Vicente Cotino Escrivá, uno de los siete detenidos ayer en la operación Erial, mantuvo estrechos vínculos económicos con Galicia. El valenciano hizo negocios en la comunidad de la mano de su exsuegro, el empresario coruñés José Souto. A través de Sedesa, sociedad ya liquidada que vuelve a estar bajo la lupa (ya fue investigada por su relación con la trama Gürtel), el valenciano participó en la primera fase de la construcción del centro comercial Marineda City, dentro de una UTE con FCC. Además, a través de su complejo entramado societario, Cotino controlaba también empresas de áridos en Galicia.
Vicente Cotino se casó en julio de 1999 con Iria Souto Catoira, con la que tuvo tres hijos antes de que el matrimonio se rompiera hace unos años.
Ceses inmediatos en Telefónica y en el PP
Zaplana comprobó ayer cómo sus principales valedores se le han vuelto en contra. Telefónica decidió de modo ágil suspender «con carácter inmediato» la relación laboral de la compañía con el exministro hasta que se aclare su situación. El político se había incorporado en el 2008 a la empresa como delegado en Europa en un claro ejemplo de puertas giratorias. El expresidente valenciano aseguró entonces paradójicamente que se iba de la política con la satisfacción «del deber cumplido». También en esta ocasión fue rápida la reacción desde el PP, que lo suspendió de militancia, al igual que a Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y detenido en la misma operación. Los populares de Rajoy aprovecharon para echarle en cara su aproximación a Ciudadanos.
Eduardo Zaplana probablemente también se quedará a partir de hoy sin el cargo de vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El ejecutivo murciano llevará el asunto a la reunión semanal del Consejo de Gobierno para destituirlo «ante los acontecimientos conocidos hoy».
Pedro Sánchez valoró la detención del exministro de Trabajo como «otra muestra de la corrupción que el PP esparce por todas las instituciones». «Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a estas malas noticias», reaccionó Albert Rivera, mientras que Pablo Iglesias ironizó: «Una [detención] más: Zaplana, Soria, Aguirre, Granados, González, Bárcenas, Camps... casos aislados».
