El PSOE confía en frenar la reforma para que los jueces elijan directamente a sus vocales en el CGPJ

P. De las heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA

EUROPA PRESS

Marchena puso en evidencia el acuerdo de los dos partidos mayoritarios el pasado 21 de noviembre, pero especialmente dejó al descubierto al PP

17 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Las asociaciones de jueces que demandan volver al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial previo a 1985, cuando los profesionales podían escoger por sí mismos a doce de los veinte vocales que conforman el órgano, tendrán que seguir esperando. El PSOE confía en frenar esta semana en el Congreso la reforma que el PP coló casi por la puerta de atrás en el Senado en un intento de hacer frente a la crisis abierta por la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Supremo y el Consejo, el puesto que socialistas y populares habían decidido asignarle.

Marchena puso en evidencia el acuerdo de los dos partidos mayoritarios el pasado 21 de noviembre, pero especialmente dejó al descubierto al PP, que exigió que se le aceptara como presidente del Poder Judicial a cambio de transigir con que la mayoría del órgano fuera progresista. No en vano, el juez se desmarcó por completo de todo tejemaneje solo un día después de que trascendiera un mensaje de WhatsApp del portavoz de los conservadores en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se vanagloriaba de que la negociación permitiría controlar «desde detrás» la Sala de lo Penal del Supremo.

El impacto en la opinión pública llevó al PP a abjurar de la fórmula mediante la que durante más de tres décadas se han repartido con los socialistas el gobierno de la judicatura. Apenas unas horas después de que Marchena diera su aldabonazo, anunció que enmendaría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramitaba en el Senado sobre un asunto menor a fin de modificar por completo el sistema.  

Regreso a la Cámara Baja

Lo paradójico es que esa modificación iba en el programa del PP del 2012. También formó parte del pacto de investidura suscrito en el 2016 por Rajoy y Rivera, pero los populares nunca lo implementaron. Solo al calor de la polémica por el acuerdo negociado entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, el popular Rafael Catalá, Casado decidió echar mano de ella para tratar de amortiguar las críticas. La semana pasada prosperaron en el Senado las enmiendas de C’s al respecto gracias al apoyo del PP. Ahora el texto tendrá que volver al Congreso. Allí los grupos decidirán por mayoría simple si la mantienen o la rechazan, y los socialistas están convencidos de que podrán borrarla del texto.