Sáenz de Santamaría y Rajoy desmontan el argumento de que hubo diálogo y refuerzan la tesis de que existió violencia
28 feb 2019 . Actualizado a las 12:33 h.Tras el interrogatorio de los doce procesados, convertido en la mayoría de los casos en un mitin, más que en un intento de rebatir las acusaciones, llegó la declaración de los testigos que, precisamente por la estrategia más política que jurídica escogida por los principales procesados, puede tener mayor trascendencia a la hora de enjuiciar los hechos.
Las defensas presionaron al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para hacerles caer en contradicciones y desmontar la acusación de rebelión, mientras que la acusación particular ejercida por Vox intentó aprovechar políticamente su posición en el juicio para acusar al Gobierno del PP de haber hecho dejación de funciones por no actuar con más contundencia.
¿Cuál fue la estrategia?
Su intención fue reforzar el argumento de que hubo violencia, para justificar así la existencia de un delito de rebelión. Desde el primer momento, y en especial Sáenz de Santamaría, aprovecharon sus respuestas para deslizar que se habían producido «actos violentos», tanto en el asedio que se produjo frente a la Consejería de Economía como en el acoso a las fuerzas de seguridad cada vez que procedían a un registro, además de que sufrieron algunos alcaldes, aunque Rajoy limitó estos últimos a los que se produjeron contra regidores socialistas.
¿Hubo diálogo sobre el referendo?
Los abogados defensores trataron de demostrar que antes de que se produjeran los hechos que están siendo enjuiciados existía una diálogo fluido entre el Gobierno y la Generalitat en el que se debatían las posibilidades de celebrar un referendo de independencia acordado. Pero tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría desmontaron ese argumento dejando claro que, aunque hubo contactos políticos, entre ellos los tres que la exvicepresidenta mantuvo con Oriol Junqueras, en todos se partió de la premisa de que no había nada que hablar ni negociar sobre el referendo o la soberanía nacional.
¿Hay coincidencia en la estrategia de Vox y los independentistas?
Una de las claves de los interrogatorios de ayer está en el hecho de que el Gobierno no aplicara el estado de excepción y de sitio que se recoge en el artículo 166 de la Constitución. La paradoja es que en esta cuestión hubo coincidencia entre el abogado de la acusación particular ejercida por Vox, Javier Ortega Smith, y los defensores de los independentistas, aunque las intenciones fueran completamente opuestas. El representante de Vox trataba de reprochar pasividad a Rajoy y al Gobierno por no haber recurrido a esa declaración ante la gravedad de los hechos acaecidos, mientras que los independentistas pretendían establecer que si el Ejecutivo no se planteó en ningún momento tomar esa decisión es porque los hechos no revestían la trascendencia penal que ahora se les achaca. Tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría recurrieron en los interrogatorios a la necesaria proporcionalidad. «El artículo 155 era mucho más operativo y además era más justo, porque los estados de excepción o sitio afectan a derechos individuales», afirmó Rajoy.
¿Hay contradicción en el discurso secesionista?
El expresidente catalán Artur Mas entró en clara contradicción con la tesis política esgrimida por los secesionistas y por el propio Carles Puigdemont de que el Gobierno siempre se negó a cualquier diálogo y que ante ello no hubo más remedio que obedecer lo que llaman el mandato de la sociedad catalana y optar por la vía unilateral. Mas, por el contrario, sostuvo en su declaración que había una comunicación fluida no solo con el Gobierno sino también con dirigentes del PSOE, hasta el punto de que, según, afirmó, se formó un comité específico a tal efecto entre las tres partes.
¿Asumen Rajoy y Sáenz de Santamaría la actuación policial?
Ambos tuvieron especial cuidado en no involucrarse en las decisiones ni las consecuencias del operativo policial que se desarrolló en el día del referendo. Aseguraron que las decisiones operativas las tomaron los mandos policiales. E incluso eximieron de responsabilidad al entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, asegurando que las fueras de seguridad actuaron por orden del juez. De esa manera, no asumieron tampoco los supuestos excesos policiales que se pudieron producir en esa jornada y que los secesionistas llevarán hasta el Tribunal de Estrasburgo.
¿Hay discrepancias entre los independentistas?
Sí. La declaración del expresidente catalán Artur Mas ahondó sus diferencias con su sucesor, Carles Puigdemont. Aseguró durante su interrogatorio que la decisión de celebrar el referendo «fue una alteración de la hoja de ruta por parte de Puigdemont». Hubo también una crítica política implícita a las decisiones de Puigdemont cuando explicó que él siempre recomendó al expresidente catalán, ahora fugado de la Justicia, que no abandonaran «nunca la oportunidad de convocar elecciones» para no perder «la capacidad de iniciativa institucional en un marco legal que pudiera controlar». Al convocar el referendo, Puigdemont hizo exactamente lo contrario, ya que al huir y provocar la aplicación del 155 perdió no solo el poder, sino la capacidad de iniciativa en la hoja de ruta del desafío secesionista. Pese a ello, Mas trató de equiparar el referendo a la consulta del 9N por la que él ha sido inhabilitado, para intentar que los acusados de rebelión solo sean condenados solo por desobediencia.
Entre la solidez y el despiste
La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mantuvo muy sólida y firme durante toda su declaración, en la que dio muestras de haberse estudiado a fondo el sumario, con lo que consiguió desmontar los argumentos de los abogados de los acusados y descolocar en algunos pasajes a las defensas. Por el contario, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció por momentos una imagen de cierto despiste, como si estuviera fuera de forma política tras abandonar la presidencia del Gobierno. Nada que ver con su declaración como testigo en el caso Gürtel, en la que se le vio cómodo y hasta se permitió momentos de humor. Ayer, en varias ocasiones admitió no recordar algunas las decisiones que tomó durante todo el proceso e incluso dijo haber olvidado si había hablado o no personalmente con el lendakari Íñigo Urkullu en la Moncloa en los momentos previos a la declaración de independencia. Esa imagen de desorientación se vio reforzada cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, tuvo que indicarle que mirara al micrófono, explicarle por dónde debía salir de la sala y hasta advertirle de que tuviera «cuidado con el escalón».
El control de Marchena
El juez trata de evitar que el juicio derive en debate político. El juez Marchena quiso dejar claro desde el primer momento que no estaba dispuesto a que la declaración de los testigos se convirtiera en un debate político. Frenó en seco al diputado de ERC Joan Tardá cuando este pretendía convertir su declaración en un mitin. «No empezamos bien», le espetó cuando dijo que pretendía declarar en catalán. Y luego, tuvo que recriminarle en varias ocasiones que hiciera valoraciones políticas.
Diferencias con Casado
Un 155 menos duro. Las declaraciones de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría no ayudaron desde luego a los acusados, pero su constante apelación a la «proporcionalidad» y a la necesidad de consenso político con otras fuerzas en su decisión de aplicar el artículo 155 de manera que no afectara a los derechos fundamentales tampoco parece respaldar las tesis que defiende el nuevo líder del PP, Pablo Casado, partidario de aplicar el artículo 155 «duro», inmediato y sin limitación en el tiempo en caso de llegar al Gobierno y también de hacerlo, si es necesario, sin el respaldo del PSOE.