Unas 300 personas impiden a la alcaldía de Madrid desokupar La Ingobernable

Representantes del Ayuntamiento de Madrid se limitaron ayer a entregar a La Ingobernable (un colectivo okupa que se autodefine como «centro social de comunes urbanos») la notificación para que abandonen el edificio en el paseo del Prado que okupan desde hace 845 días, paso previo para acudir a la vía judicial en caso de no desalojar el inmueble. Y aunque la Administración local había anunciado su inmediata expulsión, no la llevaron a cabo para evitar incidentes con las alrededor de 300 personas que acudieron al recinto para bloquear la medida.

Sobre las diez de la mañana técnicos del consistorio, acompañados a pie de seis agentes de la Policía Municipal de Madrid, se trasladaron al edificio de titularidad municipal de la calle Gobernador para hacer entrega a representantes del colectivo del escrito que ordena el desalojo del inmueble, sin que se produjeran incidentes. Ello se produce después de que el ayuntamiento publicara en el Boletín Oficial del Estado sus planes para acometer durante la mañana de ayer el desalojo administrativo, en lugar del 2 de septiembre, como se había planteado inicialmente.

Vía judicial

Ahora, de persistir la usurpación del edificio ubicado en el número 39 de la calle Gobernador, el Ayuntamiento de Madrid acudirá a la vía judicial para desocupar este inmueble, al que se quiere dotar de otro uso.

Una de las portavoces de La Ingobernable, Serlinda Vigara, valoró, según recoge Europa Press, como «una victoria» el hecho de que el Ayuntamiento desistiese ayer de intervenir ante la concentración protagonizada por unas 300 personas en los alrededores de La Ingobernable. «Vamos a defenderla como lo hemos hecho siempre, desde la alegría y llenándola de vida y actividades. Queremos ver la actitud con la que viene el Ayuntamiento para seguir defendiendo este espacio», ha incidido otro de sus portavoces, Pablo Martínez.

Como respuesta a la orden de desalojo y para evitarlo, celebraron un desayuno con churros y chocolate, como ya hicieron en la otra ocasión que se pretendió desocupar el inmueble, en abril del 2018.

A la zona acudieron, por un lado, la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, y el miembro de IU, Carlos Sánchez Mato, a favor de la defensa del inmueble. Por otro lado, el edil de Vox Pedro Fernández, para comprobar si el Ayuntamiento mostraba «firmeza» ante el colectivo que okupa. Fernández reclamó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que desaloje ya a «los amigos okupas de Carmena» del inmueble.

«No teníamos ninguna duda de que unos caras que llevan dos años viviendo a costa de los madrileños no iban a abandonar voluntariamente ese edificio», aseguró el regidor madrileño, y añadió: «No vamos a permitir que esos okupas disfrazados de bienhechores de la sociedad sigan viviendo gratis en ese edificio», ha concluido.

El inmueble fue cedido en el 2013 por el Gobierno de Ana Botella a la Fundación Ambasz para que construyese un museo. Cuatro años después, el edificio seguía igual y representantes de los movimientos sociales lo okuparon. Las dos órdenes de desalojo de abril y junio del 2018 que les envió el equipo de Manuela Carmena cayeron en saco roto. Por allí no pasó ni la Policía Municipal.

Técnicos municipales entregaron al colectivo la orden de desalojo del edificio

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