El juez cree que la primera ideó y supervisó la financiación ilegal del PP Madrid
03 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas (antes imputadas) a las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre los días 1 y 18 de octubre en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El juez también ha citado al expresidente Ignacio González, detenido por el caso Lezo, y a los exconsejeros Juan José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola. Asimismo, entre los llamados a declarar por la posible financiación irregular de las campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos, también está el expresidente de Indra Javier Monzón.
La citación llega tras la petición, hace ahora un mes, de la Fiscalía Anticorrupción. El juez atribuye a Aguirre «un papel decisivo y esencial» en la presunta financiación irregular del PP de Madrid. «La investigación arroja indicios racionales de que [Aguirre] sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad», indica el magistrado en su auto.
La Fiscalía se hizo eco en su escrito, entre otros, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que sostienen que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. El dinero habría llegado al partido entre el 2008 y el 2013 (época en la que Aguirre y González dirigieron la comunidad y el PP regional) a través de una red de testaferros. La empresa habría dado a la caja B del PP madrileño al menos 1.054.247 euros. La existencia del flujo de ese dinero negro -sostienen los investigadores- era conocida por los dirigentes populares del momento.
Además, en lo referido a Aguirre, los informes de la Guardia Civil la sitúan en reuniones claves en las que se habría negociado la financiación irregular durante varias campañas electorales. En uno de esos informes, la Guardia Civil incluyó el nombre de Aguirre después de que Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad mencionara «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la comunidad, la presidenta, la directora general de Medios de Comunicación [Isabel Gallego] y [el empresario] Daniel Horacio Mercado». Allí, dijo, «se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su asesor técnico en Sanidad, Germán Rasilla».
Contratos para compensar
Para la UCO, en esta cita se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a la citada empresa para las campañas electorales del PP de Madrid en el 2003 y el 2007. La empresa había estado realizando trabajos de comunicación por «un coste de 151.503,35 euros».
A principios de año, otro informe de la UCO apuntó a que Mariano Rajoy pudo ganar las elecciones generales del 2011 financieramente «dopado», pues los investigadores encontraron pruebas que demostrarían que el PP de Aguirre habría puesto en marcha una red para allegar dinero a través de facturas falsas a la caja del PP nacional.
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid en el 2007. También destacó que era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.