El Gobierno de Uruguay anuncia una demanda contra el astillero de Vigo Cardama por «indicios de fraude»
SOMOS MAR
El presidente de la República informa que rescinden el contrato para la construcción de dos patrulleras. La dirección de la empresa gallega: «Formalmente no nos ha comunicado nada»
23 oct 2025 . Actualizado a las 16:53 h.Duro revés para el astillero gallego Cardama. El presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció anoche en una rueda de prensa una denuncia «ante la justicia en su fase civil y penal» contra la factoría naval de Vigo al detectar «fuertes indicios de fraude o estafa al Estado» relacionados con la construcción de dos patrulleras oceánicas. Además, informó que el Ejecutivo rompe el pedido valorado en cerca de 84 millones de euros.
Orsi advirtió ante los medios que el pasado 21 de octubre firmó una resolución para rescindir el contrato que fue adjudicado al astillero vigués en el 2024 por parte del Gobierno saliente que dirigía Luis Lacalle Pou. Desde que se confió la construcción de las embarcaciones de defensa a Cardama, el Gobierno uruguayo concedió «sucesivas prórrogas» a la empresa gallega para que presentara un documento conocido como garantía de fiel cumplimiento del pedido. Según informaron el presidente y otros miembros del Ejecutivo uruguayo, la factoría naval de la avenida de Beiramar inició siete veces el proceso de validación de la garantía «y todos fueron rechazados». Los 45 días hábiles de los que disponía de plazo «se transformaron en once meses», describió el prosecretario, Jorge Díaz. Cuando tiempo después recibieron un aval para asegurar el 5 % del pedido, la legalidad del mismo sembró dudas entre el Gobierno.
El documento de garantía fue emitido por la firma Eurocommerce, con sede en Londres. El Gobierno rechazó el escrito, porque «estaba en inglés, no traducido ni apostillado», indicó Díaz, añadiendo que tampoco estaba acreditada la representación de esta empresa. En este escenario, Orsi «dio instrucciones al embajador de Uruguay en el Reino Unido, Luis Bermúdez, para que se personara en las oficinas» de la sociedad que había emitido la garantía. Descubrieron entonces que en el domicilio al que remitía Eurocommerce no alojaba ninguna entidad de crédito «sino que allí funciona una inmobiliaria». El Gobierno solicitó entonces asesoría a la compañía británica Arnold & Porter, que analizó que esta empresa «está en liquidación desde agosto».
Todos estos hechos han hecho pensar al Ejecutivo uruguayo que para garantizar la construcción de las patrulleras en Vigo se empleó «una empresa de papel». «En la web figuraban datos falsos», apostilló Jorge Díaz.
La dirección de Cardama se muestra muy sorprendida por lo ocurrido y todos los asuntos abordados en la rueda de prensa. «Nos hemos enterado de todo por la prensa», asegura Mario Cardama. Prevé desplazarse él mismo hasta Uruguay «para mantener una reunión con el presidente y que me aclare todo lo ocurrido». El empresario vigués asevera que hasta esta mañana no se les había «comunicado formalmente nada, ni el proceso judicial iniciado ni la rescisión del contrato». «Hace dos semanas que estuvimos reunidos con la ministra de Defensa (Sandra Lazo) y no nos informó sobre nada de esto», insiste.
Sobre el aval presentado, el director del astillero se refiere a todas las complicaciones que atravesaron para lograr financiación ya que la adjudicación del contrato ocurrió en un período de importantes conflictos bélicos y muchas entidades bancarias se mostraban remisas con la concesión de crédito en cuestiones de defensa.
Otro asunto que no pasó por alto el prosecretario Jorge Díaz es que los once meses de demora en la entrega de la documentación de garantía, ya que entre las condiciones que habrían animado al Gobierno de Lacalle a adjudicar el contrato de las patrulleras oceánicas al astillero vigués es su compromiso de «que el primer barco estaría construido en 18 meses». En relación a esto, la dirección de Cardama explica que a estas alturas la fase de acero de la primera embarcación se encuentra avanzada «en un 60 %».
El contrato para poner a punto estas embarcaciones de 87 metros de eslora y con capacidad para 98 tripulantes lleva meses desatando la polémica en el país de América del Sur. El pasado abril, cuatro militares fueron arrestados varios días por el Ministerio de Defensa por estar presuntamente involucrados en la adjudicación del pedido al naval de Vigo.