Ordena a los Mossos el registro de la empresa, que recibió cuatro sanciones por incumplir las normas de salud y seguridad
10 mar 2020 . Actualizado a las 19:10 h.Tres muertos y siete heridos. Tres familias rotas y toda una comarca, la del entorno del polígono petroquímico de Tarragona, que no consigue quitarse el miedo del cuerpo y que con sucesos como el del martes vuelve a lamentar que vive en una zona de riesgo. Un polvorín para los más pesimistas.
La enorme explosión en la planta de la empresa Iqoxe causó una tragedia, pero pudo ser aún peor viendo la lluvia de metralla que salió despedida a la misma velocidad que la gran bola de fuego metálica de una tonelada que voló casi tres kilómetros hasta el barrio de Torreforta y acabó con la vida de Sergio Millán, de 59 años, que estaba en su casa.
Diferentes materiales metálicos (planchas, motores y tuberías) muy pesados aparecieron ayer esparcidos en diferentes emplazamientos de Tarragona, lo que da buena muestra de la virulencia de la explosión y la fuerza con la que salieron despedidos los restos de la planta. Aparecieron trozos en el puerto, donde las industrias del automóvil cargan sus vehículos, pero también en la universidad y en diferentes barrios.
Los Mossos d’Esquadra se encargaron de recoger decenas de denuncias de afectados, entre domicilios, locales comerciales y vehículos particulares, la mayoría de ellos en la ciudad de Tarragona. Esta información forma parte de las diligencias que está practicando la policía catalana por encargo de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona. Su titular ha abierto diligencias por las tres muertes causadas en la deflagración. La magistrada está a la espera de los informes de los Mossos, Bomberos, Protección Civil e Inspección de Trabajo para decidir si investiga a la empresa por accidente o por negligencia.
Los Mossos, en cualquier caso, irrumpieron ayer en las oficinas de la compañía. La empresa podría ser acusada de homicidio imprudente por la muerte de los dos trabajadores de la planta si llegaran a probarse deficiencias en el mantenimiento o en la seguridad de la fábrica que saltó por los aires. De momento, está descartado el delito medioambiental, ya que no constan vertidos ni emisiones tóxicas. Las causas del accidente son aún toda una incógnita, si bien los sindicatos denunciaron recortes presupuestarios en la seguridad.
Críticas al Gobierno catalán
La gestión de la Generalitat tras el accidente fue muy cuestionada desde el primer momento. Alcaldes y vecinos de la zona denunciaron que las alarmas no sonaron, lo que aumentó la angustia entre la población, que tuvo la sensación de que todo era un caos y no sabía cómo reaccionar. Uno de los heridos se quejó de lo que tardaron los servicios de emergencia en llegar a socorrerlos. Tras el suceso, permanecen hospitalizadas dos personas. Una ha mejorado al pasar de estado grave a menos grave, pero la otro se mantenía muy grave.
El Gobierno catalán, en cualquier caso, puso este jueves a la empresa en el disparadero. Los Mossos hicieron registros en las oficinas de la sociedad y la Consejería de Trabajo informó que la firma, cuyo depósito de óxido de etileno saltó por los aires, fue sancionada cuatro veces en los últimos años por incumplimiento de la normativa de condiciones laborales y en materia de salud y seguridad. Las multas oscilaron entre los 2.000 y los 8.000 euros. Protección Civil acusó además a la empresa de «no facilitar la información y no seguir los protocolos», ya que no detallaron qué producto se estaba quemando, lo que dificultó determinar el riesgo de nube tóxica.
Industrias Químicas del Oxido de Etileno se limitó a señalar que ha encargado un informe al Instituto Químico de Sarrià, que permita esclarecer los motivos de la explosión de una de las cuatro plantas de la factoría. Y aseguró que, en la medida en que las difíciles circunstancias del momento lo permitieron, siguieron los protocolos de seguridad.
