La Abogacía del Estado reparte sus esfuerzos en varios frentes judiciales
21 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La Abogacía del Estado se prepara ante el aluvión de procesos judiciales que se le podrían abrir al Gobierno derivados de la gestión del coronavirus. Una vez concluido el estado de alarma, la Sala de lo Penal del Supremo acumula 16 querellas y 24 denuncias. La diferencia es que las primeras reside en que el denunciante sí interviene personalmente en el proceso como parte acusadora y se apunta a una persona concreta como responsable de un posible delito, mientras en el segundo solo se ponen en conocimiento de un juez, de la Fiscalía o de la Policía una supuesta ilegalidad. En total, 40 archivos que el Supremo trata de organizar y ordenar para estudiar si, como todo apunta, dan lugar a una simplificación, ya que el fondo de las denuncias impulsadas por asociaciones de víctimas del covid-19, una de ellas agrupa a tres mil familias, partidos políticos (Vox), sindicatos médicos o a título particular, coinciden.
Según fuentes del alto tribunal recogidas por Europa Press, una vez se organicen por grupos se remitirán a Fiscalía para que fije postura sobre competencia, sobre la conveniencia de las acumulaciones y sobre la existencia o no de indicios para sostener una investigación penal.
Grande-Marlaska
Pérez de los Cobos. En Moncloa respiraron aliviados cuando la jueza Carmen Rodríguez Medel procedía a archivar la causa sobre la manifestación feminista del 8 de marzo, en la que fue llamado a declarar el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Sin embargo, esta investigación de la Guardia Civil derivó en la polémica destitución del coronel de Diego Pérez de los Cobos, abriendo un nuevo frente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que además de la presión a la que está siendo sometido en sede parlamentaria, tendrá que atender a la esfera judicial.
Esta misma semana el Supremo registraba la primera denuncia por este episodio en el que se apunta al exmagistrado de la Audiencia Nacional de intentar usar su posición de poder para tratar de anular la investigación abierta por Rodríguez Medel respecto al comportamiento del Gobierno con la manifestación feminista. Y parece que esta no será la última. El coronel de la Guardia Civil cesado se plantea tomar acciones legales contra el máximo responsable del Interior.
Pablo Iglesias
La SIM. En los últimos días ha ganado vuelo también un caso que afecta de lleno a Pablo Iglesias por haber sufrido un inesperado giro en el guion. Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Villarejo, confirmó este miércoles la retirada de condición de perjudicado del presidente del Gobierno en la pieza en la que se investiga el robo del móvil de su exasesora Dina Busselham, a la que durante un tiempo ocultó que había recuperado la tarjeta sim del móvil sustraído, una tarjeta que le devolvió destrozada, acción que pudo haber sido llevada a cabo por el líder de Podemos, al contener la tarjeta SIM mensajes y fotografías comprometedoras. Según el magistrado, Iglesias podría haber incurrido en dos delitos: de daños sobre dispositivos informáticos y de apoderamiento de datos reservados de carácter personal.
José Luis Ábalos
Delcygate. Por último, la irregular visita a Barajas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, supuestamente aprovechada para introducir en el país decenas de maletines. Supuestamente también con el beneplácito del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que aquella noche fue a recibirla al aeropuerto en un episodio sobre el que ha ofrecido muy diversas explicaciones que nunca acabaron de convencer. De momento el juez ya aprecia «indicios de delito».