El PP pide explicaciones a Sánchez por el «chivatazo» fiscal a Iglesias, y Vox lleva el caso a Anticorrupción

Cs se pregunta si el vicepresidente es víctima de las clocacas del  Estado omo decía o forma parte de esos fondos

La exasesora de Podemos Dina Bousselham, en la imagen a la izquierda, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado mayo
La exasesora de Podemos Dina Bousselham, en la imagen a la izquierda, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado mayo

Madrid / Colpisa

Las dudas del juez Manuel García Castellón y los enredos de la pieza del caso Villarejo donde se investiga el robo del móvil a una antigua asesora de Podemos han puesto a Pablo Iglesias contra las cuerdas. PP, Vox y Ciudadanos quieren que el vicepresidente segundo comparezca en el Congreso para explicar el presunto «chivatazo» que recibió de la Fiscalía en el marco de la citada investigación, así como para conocer por qué retuvo durante «tantos meses» la tarjeta SIM del teléfono de su excolaboradora Dina Bousselham y después se la devolvió dañada.

«Iglesias ha optado por la técnica del avestruz. En lugar de dar explicaciones a iniciativa propia prefiere esconder la cabeza», aseguró este lunes la portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez. Para el partido liberal, cabe preguntarse si el líder de Podemos es, como viene diciendo desde hace años, víctima de las llamadas «cloacas del Estado» o, por el contrario, es «él mismo» el que forma parte de esos bajos fondos. «Lo que hizo -remarcó Rodríguez- fue una campaña de la mentira y de la infamia» y, al final, se ha descubierto que él «no es el perjudicado». 

Un paso más allá

En el PP insisten en que Iglesias «tiene que romper su silencio», pero también exigen a Pedro Sánchez que aclare lo que sabía del presunto «chivatazo». El vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, recalcó que fue el socialista quien decidió «situar a un radical y una persona sectaria» en la vicepresidencia del Gobierno.

Hasta ahora, el Gobierno ha esquivado la polémica y ha obviado toda pregunta al respecto. La ministra portavoz, María Jesús Montero, defendió el pasado viernes que ella no podía «ser intérprete» de las palabras de Iglesias y que, en todo caso, el Ejecutivo no entraría a valorar una cuestión «en investigación judicial». «No tengo nada que decir y me remito a lo que decidan y resuelvan los tribunales competentes en la materia», señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de la campaña de verano de Tráfico.

Vox ha ido un paso más allá y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el líder del partido morado, la que fuera su asesora, Dina Bousselham; la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa por los delitos de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. «No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y la niegan vivan en la impunidad, la mentira y falsificación de noticias», subrayó el portavoz nacional, Jorge Buxadé.

En el llamado caso Dina, una pieza separada del caso Villarejo, se investiga el robo del móvil de la exasesora de Iglesias y la aparición en casa del excomisario de un volcado del móvil de la denunciante, lo que el actual vicepresidente segundo tachó de una operación de las cloacas del Estado y de la «policía política» para perjudicarlo.

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