Creen que cualquier pronunciamiento del Consejo sobre la reforma es «precipitada, extemporánea e inconveniente desde la lealtad institucional»
30 oct 2020 . Actualizado a las 17:00 h.Tres vocales progresistas cargan contra la declaración del CGPJ sobre la reforma del PSOE y Podemos por ser «un aviso altivo e impertinente» y proponen que «la mejor contribución de este órgano», sea para una reforma consensuada o para desbloquear la renovación, «sería la renuncia en bloque de sus miembros».
Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda votaron el pasado miércoles en contra de la declaración aprobada por el Consejo en la que evitó posicionarse sobre la «controversia» que genera la reforma, pero advirtió que «se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos» por si se retoman o impulsan iniciativas que son contrarias a la Constitución.
Los tres vocales formularon un voto particular, al que ha tenido acceso Efe, en el que consideran «desde el respeto» que la declaración «no contribuye a preservar al CGPJ del debate político».
Y proponen que «la mejor contribución del Consejo, ya sea a una reforma legal ampliamente consensuada en el marco de un gran acuerdo de Estado, o ya lo sea al desbloqueo de la institución, para evitar así las expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación del mismo, sería la renuncia en bloque de sus miembros o al menos la renuncia de once de su vocales».
Cuesta, Sáez y Sepúlveda consideran que en la declaración «se deslizan juicios de inconstitucionalidad» sobre la reforma y supone «un aviso altivo e impertinente de permanencia en alerta» además de una «inapropiada y pretendida extensión totalizadora de un órgano, que ni es jurisdiccional ni es Poder Judicial».
«El CGPJ no puede ni insinuar alegremente un juicio de inconstitucionalidad ni de merma o ataque respecto a una proposición de Ley orgánica», afirman los vocales que advierten de que «los juicios emitidos incurren en imprudencia».
Asimismo, creen que cualquier pronunciamiento del Consejo sobre la reforma es «precipitada, extemporánea e inconveniente desde la lealtad institucional» pues se trata de «una iniciativa parlamentaria» que «no debe ser obstaculizada ni interferida por un órgano constitucional», ya que el Consejo no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de Ley, salvo que lo hubiera pedido el Congreso, lo que no es el presente caso.
«¿Puede atribuirse este órgano funciones de censor, guardián de las esencias, juzgador de la constitucionalidad o emisor de certificaciones previas de calidad de las iniciativas parlamentarias antes de que se pronuncien las cámaras o el propio Gobierno?», se preguntan los vocales. «A nuestro juicio, no», responden.