La operación contra las finanzas del procés descabeza el estado mayor de Puigdemont

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha asestado esta semana un severo golpe a la llamada trama empresarial del independentismo. En el marco de la operación Volhov, el miércoles pasado fueron detenidas 21 personas, entre empresarios de la órbita secesionista y altos cargos del Govern.

Cuatro de los detenidos fueron piezas clave en el desafío independentista pilotado por Carles Puigdemont en el 2017. El juez atribuye a Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler y Xavier Vinyals diferentes delitos, relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias, pero también pudieron integrar una presunta trama para desviar subvenciones públicas y así financiar los gastos del expresidente en Waterloo o que algunos de ellos estuvieron entre bambalinas en la creación de Tsunami Democrático, la plataforma clandestina que lideró las protestas tras la sentencia contra los líderes del procés.

Estos cuatro detenidos, ya en libertad, han estado durante años en un segundo plano, desde donde jugaron un papel decisivo en la organización del referendo ilegal del    1-O. Fueron miembros del estado mayor que dirigió el procés con el Govern. La creación de este sanedrín, que se reunía en el Palau de la Generalitat, surgió en los meses previos al  1-O. El referendo estaba encallado por las disputas entre Puigdemont y Oriol Junqueras. La creación del estado mayor permitió que el entonces presidente y el vicepresidente limaran asperezas y la votación saliera adelante. El alto mando del procés estaba formado por los miembros del Govern, de las entidades sociales, los dirigentes del PDeCAT y ERC y los cuatro detenidos esta semana, que hasta ahora eran los únicos de aquella cúpula que no habían tenido problemas con la justicia.

Quién es quién

Soler es empresario, muy relacionado con Omnium Cultural y fue uno de los impulsores del diario Ara. Es uno de los cerebros del independentismo. Fue muy próximo a ERC y ahora a Puigdemont. Dirigió la campaña de Junts pel Sí y fue uno de los artífices del pacto que descabalgó a Artur Mas y propició el pacto con la CUP para que Puigdemont fuera investido. También se reunió con Julián Assange en la embajada de Ecuador en Londres. «Esa reunión se enmarca en la estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin», afirma el juez en el auto. El magistrado le sitúa en la estructura organizativa de Tsunami. Y ha puesto el foco en los tres millones que sus empresas han percibido de la Generalitat.

Madí, por su parte, era del núcleo de confianza de Mas. Dirigió tres campañas electorales de CiU. Fue de los impulsores de las protestas secesionistas durante los Juegos de Barcelona de 1992. Tiene una relación estrecha también con Jordi Sànchez, secretario general de JxCat y expresidente de la ANC. Ha trabajado en Telefónica y Endesa. El juez le atribuye tráfico de influencias para favorecer sus negocios. Ha intentado obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Vendrell tiene una empresa de exportación. Fue dirigente de ERC y consejero en el Gobierno del tripartito presidido por el socialista Pasqual Maragall. Fue miembro de Terra Lliure y se le atribuyó un papel clave en la impresión de las papeletas del 1-O y en su ocultación. El juez sospecha que Vendrell «dirigió» Tsunami y además apunta que habría aprovechado sus contactos en diferentes administraciones en beneficio de sus empresas. El auto judicial cita contactos con consejeros actuales del Govern. Se asoció con Madí para hacer negocio con los test de la covid. Sus gestiones ante el Govern de Torra son constantes: «Con todo lo que he hecho por este país y ahora me tocan los cojones». Ante la llegada de los socialistas al Gobierno, presume del «acceso al Ministerio de Sanidad», tras el nombramiento de Salvador Illa.

Vinyals, que integraba aquel sanedrín, es presidente de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas. Según el juez, pudo desviar fondos de la entidad para financiar la estancia de Puigdemont. «Existen evidencias claras que reflejan la arbitrariedad y el partidismo con el que afrontan la disposición de fondos públicos a través de subvenciones a la Plataforma», según el auto judicial.

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