La Generalitat se resigna a aumentar las clases en castellano en el colegio de Canet
ESPAÑA
![El consejero de Educación, Josep González Cambray, en una imagen de archivo a su salida del centro de Canet de Mar, en Barcelona, donde una familia reclamó que su hijo recibiese un 25 % de las asignaturas en castellano](https://img.lavdg.com/sc/_pXIHg6pDabGOoCfyLyoUiP5VLM=/480x/2021/12/09/00121639081682565705511/Foto/efe_20211209_114004621.jpg)
Los sectores que apoyan el modelo de inmersión en catalán protestarán hoy ante el centro
10 dic 2021 . Actualizado a las 10:49 h.Un pequeño colegio de Canet de Mar, en Barcelona, se ha convertido en el epicentro de un conflicto sobre la lengua en la escuela en Cataluña, que amenaza con enrevesar aún más la política catalana y servir de munición a la derecha para atacar al Gobierno central. El centro educativo Turó del Drac, en la citada localidad del Maresma, tenía que aplicar desde ayer la sentencia judicial que le obliga a impartir en castellano un 25 % de las clases para los alumnos de una de sus dos aulas de Infantil de cinco años. Lo reclamaron unos padres y la Justicia les dio la razón.
El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, acudió ayer a arropar a los responsables del centro y a la comunidad escolar, que defiende el modelo de inmersión lingüística basado en que el catalán es la única lengua vehicular. El Gobierno autonómico admitió que el centro ya ha aplicado la resolución judicial y reconoció además que no puede hacer nada más que asumir la sentencia, a pesar de que algunos sectores del mundo educativo y el independentismo le reclaman que se declare insumiso.
El presidente de la Generalitat advirtió días atrás de que no movería ni una coma del modelo de inmersión, pero el consejero afirmó ayer que la resolución judicial del caso de Canet está dirigida al director del centro y que el Gobierno catalán no tiene capacidad de actuación. «Es un ataque intolerable que rechazamos», afirmó el consejero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una orden cautelar días atrás que obliga al centro de Canet a dar un 25 % de la enseñanza en castellano en una clase de Infantil de cinco años. La resolución llegó el día después de que el Supremo ratificara una sentencia del TSJC que obliga a aplicar ese 25 %, pero en este caso a todos lo centros educativos de Cataluña. Esta es la sentencia que preocupa en la Generalitat, pues pone patas arriba el modelo de inmersión. De momento, Aragonès convocó a un «pacto nacional» por la lengua, en el que quiere implicar al independentismo, a los comunes y al PSC.
Los sectores que defienden el modelo solo en catalán han anunciado una campaña de movilizaciones. La primera, hoy mismo. El sindicato de estudiantes del independentismo convocó una protesta para celebrar a las puertas del colegio de Canet. El consejero alentó estas movilizaciones, que rechazaron incluso las familias del centro, pues creen que hay que tratar de aislar al colegio de la polémica porque la familia que recurrió a la Justicia corre el riesgo de ser señalada.
Para el Gobierno catalán, en cambio, no es coacción celebrar una manifestación frente a la escuela, a la hora que salen los niños. «Que cada uno se exprese como considere oportuno», dijo el consejero. Cambray arropó a las familias que defienden el sistema de inmersión en el colegio de Canet, pero guardó silencio sobre las supuestas amenazas al niño y a la familia que recurrió a la Justicia para pedir más horas de castellano. Sí hizo una condena, pero en genérico contra «cualquier tipo de violencia y amenaza».
Marlaska dice que se investigará el acoso a los parientes del menor de Canet
La ministra de Justicia, Pilar Llop, señaló ayer que el Gobierno analizará los expedientes para «ver qué ha pasado» con el acoso denunciado por la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona), señalada tras conseguir que el menor pueda recibir un 25% del horario lectivo en castellano. «No tenemos conocimiento exactamente. Hay que ver los expedientes y ver qué ha pasado primero, pero desde luego todo nuestro apoyo a la familia», dijo en el Senado. En la misma línea se expresaron los titulares de Cultura, Miquel Iceta, e Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este dejó claro que el Gobierno estudiará las amenazas denunciadas, para «garantizar la convivencia» y la «seguridad de los ciudadanos». «Toda amenaza o posible amenaza son un acontecimiento grave para la convivencia. Serán investigadas», dijo en Bruselas.
Salvador Illa pide aislar a las familias del debate lingüístico y dejar de politizar la enseñanza
La familia que ha impulsado la vía judicial ha presentado un escrito dirigido al TSJC en el que reclama a la Justicia que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad de su hijo, su intimidad e identidad y evitar la discriminación y el señalamiento del menor. Los padres han sido víctimas de una campaña muy dura en las redes sociales. Un exprofesor de la UAB llegó a pedir que se «apedreara» la casa del alumno. La asociación Hablamos Español interpuso una denuncia ante la Fiscalía por incitar a la violencia y el odio. Ayer, el líder del PSC en el Parlamento catalán, Salvador Illa, reclamó que se deje de «politizar» la lengua y la educación en Cataluña a raíz de la decisión del Tribunal Supremo.
«Hay que serenar los ánimos, aislar a las familias de este debate y dejar que los profesionales del ámbito educativo hagan su trabajo», defendió en declaraciones en La 1 al ser preguntado por el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona).
Illa aseguró que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena que el 25 % de las materias se impartan en castellano no constituye un «ataque» al catalán, pues esta lengua sigue siendo el «centro de gravedad» de la enseñanza en Cataluña. Simplemente, desgranó, significa que a partir de ahora habrá que dar una materia más en castellano, aparte de lengua y literatura castellana. Así, en lugar de 19 horas lectivas en catalán, tres en castellano y tres en inglés, se darán 16 en catalán, seis en castellano y tres en inglés.
Ciudadanos y el Partido Popular, por su parte, pidieron al Defensor del Pueblo que inste a que se cumpla la sentencia y reclamaron a Pedro Sánchez que se implique y proteja los derechos del menor «acosado».