Borràs se niega a acatar el fallo del alto tribunal catalán que inhabilita seis meses a un diputado de la CUP
ESPAÑA
Juvillà fue condenado por desobedecer a la Junta Electoral al no descolgar en las elecciones del 2019 lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida donde era concejal
14 ene 2022 . Actualizado a las 11:40 h.La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, trata de radicalizar la legislatura y que se aleje el aire de normalidad, como el que buscan ERC y los socialistas. La dirigente de Junts aseguró ayer que desobedecerá a la Junta Electoral y no retirará el acta de diputado al parlamentario de la CUP, Pau Juvillà, lo que puede retrotraer la política catalana a los convulsos años del procés.
El Tribunal Superior de Cataluña condenó ayer a seis meses de inhabilitación al diputado anticapitalista para el ejercicio de cargos públicos. Pau Juvillà es secretario tercero de la Mesa del Parlamento, el único que tiene la CUP en el órgano de gobierno del hemiciclo, y anunció que recurrirá la sentencia ante el Supremo. Su condena, por tanto, no es firme. No obstante, si la Junta Electoral sigue la doctrina que aplicó al expresidente Quim Torra lo suspenderá como diputado. Y en ese caso, Laura Borràs tendrá que tomar una decisión: acatar o no la orden de la Junta Electoral. Entre ERC, Junts y la CUP tienen mayoría en la Mesa.
El antecedente de Torra
En la pasada legislatura, el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, de ERC, asumió la decisión de la Junta Electoral y retiró el acta a Torra. Borràs y Junts lo acusaron de traidor.
La líder nacionalista avisó que no piensa apartar a Juvillà mientras no haya una sentencia firme del Supremo, lo que situará al Parlamento en una nueva bronca. «No tengo ninguna potestad ni voluntad de retirarle el escaño», advirtió. En línea con la defensa que hizo Torra en su juicio, Borràs no reconoce la autoridad de la Junta Electoral. La CUP presiona a Borràs, que ayer expulsó a un diputado de Cs del pleno, para que no acate, un escenario que incomoda a ERC.
Juvillà fue condenado por haber cometido un delito de desobediencia a órdenes de autoridades superiores, en concreto a la Junta Electoral, en las elecciones generales de abril del 2019. Era concejal en Lérida y se negó a descolgar de la fachada del consistorio una bandera independentista y lazos amarillos, que colocó desde la ventana de su despacho. Un caso similar por el que fue cesado Quim Torra como presidente de la Generalitat.