El borrador del archivo de una de las tres líneas de investigación, adelantado por la Cope, afirma que este «trust» se creó de la liquidación de otros dos fundados en 1995 y 1997, de los que sí se aprovechó Juan Carlos I
08 feb 2022 . Actualizado a las 13:56 h.La Fiscalía no ha encontrado indicios delictivos que permitan dirigir un «reproche penal» al rey emérito en una de las tres líneas de investigación abiertas contra Juan Carlos I, la relativa al depósito escondido en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de dirigir las diligencias tras el fallecimiento del teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, considera que procede acordar el archivo porque el anterior monarca ni gestionó ni se benefició de esta cuenta.
Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que ha adelantando este lunes la Cadena Cope, y cuya filtración ha provocado un profundo malestar en Anticorrupción dada la relevancia del investigado. El cierre de esta pieza anticipa el inminente final de la otras dos líneas de investigación, que también serán archivadas: el supuesto uso de tarjetas de crédito opacas por parte de miembros de la Familia Real sufragadas por un empresario mexicano y los gastos personales abonados por la fundación Zagatka a Juan Carlos I.
Sobre las pesquisas de Jersey, el ministerio público indagaba la presunta existencia de un trust con un deposito de 10 millones de euros vinculado presuntamente por testaferros al exjefe de Estado. Pero el fiscal Luzón concluye que no hay elementos que sustenten esta sospecha inicial. «Desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular 'The JRM 2004 Trust' con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos. En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», explica el borrador filtrado en sus conclusiones.
Ese documento, que consta de 20 páginas, aún debe ser firmado por el propio jefe de Anticorrupción y tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
En las conclusiones del borrador, se indica que esa The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos conglomerados financieros: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente y «de los que fue beneficiario el entonces Rey de España» -cabe recordar que hasta su abdicación en junio del 2014, Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad recogida en la Constitución-. Luzón añade que no existe actualmente «documentación soporte disponible» sobre esos dos trust y que «probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados».
Cuantías que no comportan delito
En este sentido apuntan que, en todo caso, a partir del 19 de junio del 2014 -fecha en la que se hizo efectiva la abdicación y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad del emérito- «las disposiciones de The JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública (120.000 euros), aun cuando tales fondos hubieran sido entregados eventualmente a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».
Otra de las patas de la investigación de la Fiscalía al rey emérito eran los delitos derivados del uso por el anterior monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos y que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
El Ministerio Fiscal notificó a la defensa del emérito en noviembre del 2020 que existían diligencias de investigación sobre el uso de esas tarjetas y apuntaban que iban a tenerlo en cuenta a la hora de determinar la validez de la declaración voluntaria que hizo pública el emérito ante la autoridad tributaria, en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo que dejó de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, cuando ya no era inviolable.
La Fiscalía debía aclarar también el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales. Los 800.000 euros donados presuntamente por el empresario mexicano se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayudante de cámara del rey emérito.
Posteriormente, en febrero de 2021, el despacho de abogados de Juan Carlos I comunicó que había llevado a cabo una segunda regularización fiscal por valor de casi 4,4 millones de euros, abonados a Hacienda sin requerimiento previo. El abono se correspondía a las rentas recibidas de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, que le habría sufragado viajes en avión y otros servicios considerados pagos en especie por un valor cercano a los ocho millones de euros.
