La Generalitat esgrime la ley sobre el catalán en tramitación en su recurso para no aplicar el 25 %
ESPAÑA
Tanto el PP como Cs ya han expresado su disconformidad con el nuevo marco legal pactado por los socialistas y las formaciones independentistas
29 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La Generalitat apuró al máximo todos los plazos legales para recurrir el ultimátum que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para implantar un 25 % de clases de castellano en las escuelas, pero finalmente lo hizo este sábado por la mañana para evitar las consecuencias legales de una desobediencia al alto tribunal.
El Ejecutivo presidido por Pere Aragonès (ERC) alegó para evitar la aplicación inmediata de la sentencia judicial que prepara una normativa nueva y que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar «graves prejuicios» a la comunidad educativa.
En su escrito de recurso, el Gobierno catalán pide al TSJC que suspenda el plazo de 15 días que le dio para cumplir la sentencia, que expira el martes próximo, y reconozca que el Departamento de Educación está «llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales» en la enseñanza.
El gabinete jurídico de la Generalitat presentó este recurso, después de que se aplazara el pleno previsto para este viernes en el Parlamento catalán para aprobar en lectura única la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales pactada en primera instancia por los representantes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, a la espera del dictamen solicitado por Vox, Cs y PP al Consejo de Garantías Estatutarias. La petición de ese dictamen amenaza con desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem de aprobar la nueva ley —que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular»— antes del plazo máximo fijado por el TSJC.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos ya han expresado su disconformidad con el nuevo marco legal pactado por los socialistas de Salvador Illa y las formaciones independentistas y explicaron el pasado viernes su intención de recurrir al Tribunal Supremo la misma.