El curso comenzará en Cataluña sin la garantía del 25 % de materias en castellano

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

El consejero de Educación, Josep González Cambray, en una imagen de archivo a su salida del centro de Canet de Mar, en Barcelona, donde una familia reclamó que su hijo recibiese un 25 % de las asignaturas en castellano
El consejero de Educación, Josep González Cambray, en una imagen de archivo a su salida del centro de Canet de Mar, en Barcelona, donde una familia reclamó que su hijo recibiese un 25 % de las asignaturas en castellano Alejandro García | EFE

El TSJC rechaza decretar medidas cautelares para que se imparta al menos una asignatura en ese idioma, porque con las nuevas normas su sentencia es inaplicable

30 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El curso escolar empezará en Cataluña el lunes que viene y lo hará sin que los centros impartan el 25 % de las clases en castellano. Una nueva decisión judicial ha evitado que el Departamento de Educación catalán tenga que adoptar medidas para aplicar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ratificado por el Supremo, que le obliga a dar al menos una de cada cuatro asignaturas en castellano.

El pasado 26 de julio, la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentó un recurso contencioso administrativo contra las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación de la Generalitat para los centros públicos y concertados. Esta entidad, que trabaja por el bilingüismo, pedía a la Justicia medidas cautelares que implicaran que «al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo» se imparta en castellano. El TSJC ha rechazado ahora la adopción de estas medidas cautelares, que hubieran garantizado que el curso 22-23 en Cataluña empezara con el 25 % de castellano en las aulas. Tanto el abogado de la Generalitat como la Fiscalía se posicionaron en contra de la adopción de las medidas cautelares. No ha lugar a la medida cautelar solicitada, señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, «sin prejuzgar desde luego con ello el fondo del asunto, al no concurrir en el caso los requisitos normativos exigidos». 

Triquiñuela para evitar el fallo

El curso pasado acabó con fuerte tensión política y judicial en torno a la lengua. Tras la sentencia del TSJC que obligó a la Generalitat a impartir el 25 % de las clases en castellano, fallo ratificado por el Supremo, el Gobierno catalán movió ficha para tratar de esquivar la aplicación de la sentencia. De momento, lo ha conseguido. Pero el pleito continúa. Con la ayuda del PSC y los comunes, el Ejecutivo autonómico aprobó una nueva ley lingüística sobre el uso de lenguas oficiales en las aulas. También aprobó un decreto sobre proyectos lingüísticos de los centros, que no fijaba porcentajes y no ordenaba a los centros a aplicar el 25 % de castellano.

El TSJC, que había dado un ultimátum al Gobierno catalán, admitió que, con la nueva normativa —el decreto ley 6/22 y la ley 8/22— , la sentencia del 25 % es inaplicable. Eso sí, el alto tribunal pasó la patata caliente al Constitucional, que es el que deberá determinar si la nueva normativa aprobada por el Gobierno catalán y la Cámara autonómica se ajusta a la carta magna o vulnera algunos artículos como entiende la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo porque, según asegura, no se garantiza la enseñanza en castellano.

El nuevo curso, por tanto, arrancará sin cambios en las lenguas: el catalán seguirá siendo el único idioma vehicular en Cataluña.

La Asamblea por la Escuela Bilingüe ha denunciado a través de Twitter la respuesta del TSJC y ha anunciado que presentará un recurso contra la resolución de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo.

La entidad reclamaba que este curso se impartiese alguna asignatura en castellano en todos los colegios y critica que «sorprendentemente, el fiscal se alinea con el Gobierno y también se opone a las medidas cautelares».

Desde la Consejería de Educación insisten en que los alumnos acaben las etapas educativas con plenos conocimientos del castellano y del catalán y, como recoge la nueva norma, cada centro tenga autonomía para aplicar los refuerzos pertinentes de uno u otro idioma según las características propias.