Aragonès aparca la negociación del referendo hasta después de las generales del próximo año

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y su vicepresidente, Jordi Puigneró (Junts), este martes, a su llegada a la reunión semanal del Gobierno autonómico
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y su vicepresidente, Jordi Puigneró (Junts), este martes, a su llegada a la reunión semanal del Gobierno autonómico Quique García | EFE

El presidente de la Generalitat apremia a Sánchez para pactar en tres meses medidas en materia de desjudicialización

08 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, admitió este miércoles que la negociación con el Gobierno para celebrar un referendo sobre la independencia va para muy largo. En el Ejecutivo catalán y en ERC dan el 2023 por perdido, en este sentido, por el calendario electoral: municipales en mayo y generales a finales de año o al inicio del 2024. Por lo que la carpeta del referendo quedará aparcada como mínimo hasta después de las generales, si vuelven a gobernar el PSOE y Unidas Podemos.

Aragonès pretende mantener la mesa de diálogo incluso con un Ejecutivo del PP y Vox, aunque este extremo se antoja muy improbable, ya que las fuerzas de la derecha rechazan de manera contundente los contactos de la Moncloa con la Generalitat. «Engañaría si dijera que en dos meses tendremos reconocido un referendo», afirmó en TV3. Con la negociación de la consulta soberanista guardada en un cajón al menos hasta el 2024, Aragonès presionó este  miércoles a Pedro Sánchez para que antes del 31 de diciembre, y en el marco de la mesa de diálogo, puedan anunciar acuerdos en materia de desjudicialización, a pesar del aviso en este sentido que lanzó el presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes.

En concreto, el dirigente republicano reclama pactar antes de tres meses reformas en el Código Penal que puedan favorecer el regreso de los dirigentes nacionalistas huidos. Además, Aragonès apretó para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía, como partes personadas en los procesos judiciales, rebajen las peticiones de penas a los encausados del 1-O. 

Macrocausa en Barcelona

El Ejecutivo catalán pone el foco en la macrocausa de la Audiencia de Barcelona contra una treintena de personas, la mayoría de ellas altos cargos del propio Gobierno autonómico durante el 1-O. Son los responsables de menor rango de la organización del referendo y están pendientes de juicio por malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. El escrito de acusación de la Fiscalía está aún pendiente. Si los organizadores del 1-O fueron indultados, los responsables de segunda fila no pueden entrar en prisión, según argumentó Aragonès. Entre esa treintena de acusados está el jefe de filas de ERC en el Parlamento autonómico, Josep Maria Jové, mano derecha de Junqueras en el 2017. «Hay que aprovechar» la fuerza de ERC en el Congreso, avisó el presidente catalán.

Una Diada rota

La apuesta dialogada de la Generalitat con el Gobierno central es uno de los puntos de conflicto entre ERC y la Junts y que la ANC criticará en la manifestación independentista de la Diada del 11S. Aragonès reiteró que no acudirá a la protesta. Igual que los consejeros de ERC, a diferencia de los de Junts, que harán pleno. Tanto Junts como la CUP cargaron este miércoles con dureza contra el plante de los republicanos. «No tendría sentido ir a una manifestación que va contra el Gobierno que presido», justificó el jefe del Ejecutivo catalán. El presidente pide a la ANC que redirija su presión contra el Estado en lugar de hacerla «a compañeros de viaje». La Diada y la mesa de diálogo amenazan con romper el Gobierno catalán, aunque Aragonès se mostró convencido de que el Ejecutivo no se divorciará. Se especula, no obstante, con que la primera ruptura podría producirse en el seno de Junts, si Laura Borràs consuma la escisión y se lanza a crear una plataforma electoral con la ANC. Una idea que lleva meses sobre la mesa y que la propia expresidenta del Parlamento autonómico tuvo que desmentir este miércoles.