El fiscal general del Estado entra en la crisis del CGPJ y defiende el modelo actual
ESPAÑA
El Supremo rechaza la suspensión urgente de Mozo al frente del consejo
19 oct 2022 . Actualizado a las 09:41 h.El Tribunal Supremo (TS) no agotó el plazo, que concluía este miércoles, para pronunciarse sobre la suspensión o no del nombramiento del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó este martes la suspensión urgente, medida cautelarísima que pedían en sus recursos el vocal que votó en contra de su designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito. Ahora bien, la sala acordó tramitar la petición como cautelar, así que todavía tendrá que decidir si la rechaza o la acepta, todo ello sin entrar a valorar el fondo de los recursos.
Horas antes de conocerse esa decisión, Mozo y el también provisional presidente del alto tribunal, Francisco Marín Castán, coincidieron ayer en la toma de posesión de la ex fiscala general del Estado, Dolores Delgado, como fiscala de sala de la Fiscalía Togada del TS, designación también envuelta en polémica. De hecho, es el primer acto en el que la más alta delegación del estamento judicial acude representada por la bicefalia sobrevenida tras la dimisión de Carlos Lesmes, quien ostentaba las dos presidencias, del Supremo y del consejo, como estipula la Constitución en su artículo 122.3: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y...».
A la crisis institucional del Poder Judicial, pendiente de la negociación entre el PP y el Gobierno para renovar los vocales, se añadieron ayer las declaraciones del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz aseguró que «el eslogan ‘que los jueces elijan a los jueces'» para cambiar el sistema de elección «es muy bonito, pero no significa que vaya a ser mejor» que el modelo actual de designación parlamentaria. El PP defiende que los de procedencia judicial (doce de veinte) sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento.
En una entrevista en Onda Cero, García Ortiz expuso que «no hay ninguna pega constitucional o legal para que este sistema con el que estamos desde 1985 sea el que tenemos, pero si no gusta cambiémoslo, no pasa nada». De hecho, dejó la puerta abierta a modificarlo: «Algo hay que reformar para que esto no vuelva a ocurrir», pero advirtió que «si los jueces eligen a los jueces ejercerían por sí mismos un poder del Estado», e insistió en que «el modelo se puede cambiar, pero no significa que por eso necesariamente vaya a ser mejor».
Al conflicto por la renovación del órgano de gobierno de los jueces se añade el de la sustitución de su máximo representante desatado el día 9 cuando Lesmes dimitió para forzar a PP y PSOE a pactar. Intentó dejar atada su sucesión, pero falló. Encargó al gabinete técnico del Supremo un informe. Según este, Marín Castán, vicepresidente del TS, le reemplazaría en ambos cargos. Sin embargo, el CGPJ nombró a Mozo, su vocal de mayor edad, «presidente suplente» del consejo, alegando que Marín es vicepresidente interino y carece de legitimidad. Por lo mismo, consideraron que Mozo tampoco podía presidir el TS.