«Se aplicará el código penal del enemigo», dice el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que considera una causa política el juicio abierto por corrupción contra la expresidenta del Parlamento catalán
30 mar 2023 . Actualizado a las 11:16 h.El juicio a la presidenta suspendida del Parlamento y líder de JxCat, Laura Borràs, acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo, ha arrancado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una sesión en la que este viernes se plantearán las cuestiones previas.
Arropada por su familia, por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y por centenares de independentistas, Borràs ha llegado hacia las 9.45 horas al edificio del TSJC para afrontar un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de estos contratos para que la delate.
Una vez dentro del TSJC y antes de acceder al interior de la sala en la que se celebra el juicio, Borràs ha estado acompañada por su marido y su hija, por Torra, por su abogado, Gonzalo Boye, y por su núcleo más cercano, entre ellos el diputado de Junts Francesc de Dalmases, el exconsejero de Interior Miquel Sàmper y el exdirector de los Mossos Pere Soler.
Borràs se sienta en el banquillo acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo. La Fiscalía pide para Borràs seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 por los delitos de prevaricación y falsedad el documento mercantil.
El ministerio público acusa a la presidenta de Junts de haber fraccionado contratos para adjudicárselos a su amigo, el informático Isaías H., entre marzo del 2013 y febrero del 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en una causa que le costó su suspensión como presidenta del Parlamento por un artículo de la cámara que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de juicio por casos de corrupción.
La misma pena de cárcel pide la Fiscalía para Isaías H., adjudicatario de los 18 contratos de la ILC y cuya estrategia de defensa puede oscurecer el escenario penal de la presidenta suspendida del Parlamento si fructifica el pacto que ha negociado con la Fiscalía Anticorrupción para inculparla a cambio de una rebaja de pena que evite su ingreso en prisión. Isaías H. seguiría así los pasos del técnico de la ILC que hace unos meses llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para inculpar a Borràs, tras lo que acabó exculpado del caso.
Este funcionario, que estuvo a las órdenes de Borràs en la ILC, pidió voluntariamente declarar ante el juez instructor Josep Seguí, al que entregó dos audios comprometedores para la defensa de la presidenta suspendida del Parlamento y un informe de la Intervención General que avisaba del abuso de la contratación menor en la ILC.
Junto a la líder de Junts e Isaías H., en el banquillo se sienta también Andreu P., quien afronta tres años de cárcel por elaborar facturas para el amigo de Borràs que presuntamente permitieron enmascarar las irregularidades en la contratación.
El abogado de Borràs, que da por hecho que Andreu P. también ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, ha reaccionado ya al supuesto pacto y, en un duro escrito remitido al TSJC, ha pedido ser el último letrado en intervenir en el juicio para poder defenderse de las acusaciones «compensadas, bonificadas o pagadas» de los otros dos acusados.
El juicio, que se reanudará el 20 de febrero con la previsión de que dure hasta marzo, se ha iniciado con el trámite de cuestiones previas, en el que las defensas expondrán su munición legal para lograr la absolución de los acusados, esgrimiendo para ello supuestas irregularidades procesales que conducirían a la nulidad o el archivo de la causa.
Uno de los puntales de la defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye -que también lo es de Carles Puigdemont- es plantear la nulidad de los correos electrónicos que figuran en la causa, principal indicio que según el TSJC sustenta la acusación contra la presidenta suspendida del Parlament.
Los correos y conversaciones telefónicas en que se basa la acusación contra Borràs provienen de una investigación por tráfico de drogas y falsificación de moneda que los Mossos d'Esquadra abrieron en 2017 a su amigo Isaías H., condenado a una pena de cinco años de cárcel que la justicia le suspendió.
«Yo tengo una de marrones, buff, hombre, claro, porque yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, facturo unos trapis allí», apuntaba Isaías H. en una conversación telefónica de noviembre de 2017 intervenida que provocó que la policía catalana centrara sus sospechas en la ILC.
Otro de los correos que obran en la causa lo envió la propia Borràs a su amigo: «El presupuesto tiene que quedar como si fueseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues (...)».
Causa política
A pesar de los indicios de corrupción que pesan sobre Borrás, el juicio es una causa contra el independentismo para el secretario general de JxCat, Jordi Turull. Le aplicarán «el código penal del enemigo», dijo a las puertas de la sala donde se juzga a la expresidenta del Parlamento. «Puede más la persecución al independentismo que la objetividad y la imparcialidad de los hechos que se están juzgando», ha señalado el secretario general de JxCat, a la par que ha lamentado que se hayan vertido «toneladas de dudas» sobre la presunción de inocencia de Borràs.
Sobre las ausencias de otros partidos independentistas y del Govern, Turull ha afirmado que Junts siempre estará en la defensa «de la presunción de inocencia»: «Cada uno responde a su conciencia y a sus convicciones». No han ido a arropar a Borràs ni el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ni los exconsejeros Jaume Giró y Josep Rull.